El Gobierno pisó el freno en la ofensiva contra los jefes sindicales al eliminar del proyecto de Ley de Ética Pública el artículo que les exigía la presentación de sus declaraciones juradas.

La decisión se conoció durante el encuentro que un grupo de diputados oficialistas mantuvo con Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA) y autora de la iniciativa.

El guiño a los gremialistas se produce en momentos en que la CGT amenaza con realizar un nuevo paro general en repudio a la política económica del gobierno y se integra a los dispositivos electorales del PJ.

El proyecto de ley mantiene la decisión original de hacer pública la evolución patrimonial de los titulares de las obras sociales, una información que administra con discreción la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Sin embargo, al artículo que exigía las declaraciones juradas de los intocables titulares de los sindicatos, y que podía desnudar el enriquecimiento ilícito de varios de ellos, lo hicieron desaparecer de un plumazo.

La cláusula desechada buscaba poner coto al manejo indiscriminado de recursos por parte de dirigentes cuyo nivel de vida no suele coincidir con los ingresos estipulados en los convenios.

Tres fuentes oficiales indicaron que si bien en el encuentro se ensayaron explicaciones técnicas, que giraron en torno a la autonomía y la libertad sindical, la eliminación del artículo fue en contra de la voluntad de Alonso y respondió a razones políticas.

FUENTE: Infobae
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