El juez Sebastián Casanello llamó a declaración indagatoria y a Jorge "Corcho" Rodríguez, acusado de ser parte de una estructura de sobornos en el marco de la causa donde se investiga a la brasileña Odebrecht por la construcción de dos plantas de AySA, donde ya fueron indagados referentes de la construcción y ex funcionario de la empresa estatal. La citación incluye a Julio De Vido, a José López, Roberto Baratta. A todos le inhibieron los bienes.

Además, el magistrado decidió procesar por administración fraudulenta a los empresarios Carlos Wagner y Benito Roggio, los dueños de Cartellone, entre otros. como también a los ex funcionarios de AySa Carlos Ben y Raúl Biancuzzo. A todos les dictó la prohibición de salida del país y trabó embargos por $ 700 millones para los funcionarios y a los empresarios entre 200 a 500 millones de pesos y se ordenó una tasación de los bienes de todos los procesados.

El gigante brasileño admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares en nuestro país para obtener contratos de obras públicas durante el gobierno kirchnerista. En la información analizada, se detectaron transferencias a los contadores de Rodríguez en Uruguay por más de 11 millones de dólares.

En esta investigación, a cargo del juez Casanello, se planteó que hubo “acuerdos espurios” para manipular actos administrativos y que "las contrataciones estuvieron previamente direccionadas" y que el llamado a licitación pública fue tan sólo "una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”.

En consecuencia, hubo una “ficción sobre el mejor precio” y ambas obras -la planta de Paraná de las Palmas y otra en Berazategui- expusieron "la existencia de un millonario perjuicio económico al Estado traducido, entre otras cosas, en mayores costos como consecuencia de las irregularidades cometidas".

Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que dirige Sergio Rodríguez, expuso una serie de "groseras irregularidades" y patrones en común en ambas contrataciones. “El comportamiento de los funcionarios públicos como el del sector privado muestran la manipulación de los procesos licitatorios”, tal como informó Clarín.

La planta de Paraná de Las Palmas (Tigre), fue adjudicada al consorcio integrado por Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellone Construcciones y Supercemento, supuestamente por un 25% más alto que su valor inicial de licitación: pasó de 1.838 millones de pesos a 2.600 millones. Con retrasos permanentes en la construcción (más de 60 meses), ese costo se incrementó un 78%.

"La obra demoró 8 años y se terminó abonando $ 6.405.470.132,39", indica la resolución de Casanello a la que accedió Clarín.

La otra obra, una planta de tratamiento de efluentes cloacales de Berazategui, fue adjudicada al Consorcio Camargo Correa (firma brasileña investigada en el Lava Jato) y Esuco SA. Esta planta fue licitada por 324 millones de pesos en 2007, y su adjudicación se realizó por un monto superior: 481.764.394 pesos.

Con cinco adendas firmadas para la redeterminación de precios, se terminó pagando $ 859.137.225,59.

En ambos contratos, según consignó el juez y tomó como dato relevante, participaron "firmas brasileras involucradas en mayor o menor medida en el Lava Jato", la causa por lavado de dinero y corrupción que tiene como una de las protagonistas a Odebrecht que pagó sobornos en doce países para obtener obras.

Durante la investigación y según consta en la resolución de los procesamientos, en ambas obras "existió un modo de direccionamiento y quiebre de las obligaciones que debían asumir los funcionarios".

Para Casanello las líneas de financiamiento, fueron acordadas con anterioridad a que la empresa AySA hiciera pública su voluntad de contratar", lo que para el juez muestra "los acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena".

Los elementos de prueba colectados "dan cuenta no sólo de un direccionamiento, sino de diversas ventajas aseguradas a las empresas a medida que se desarrollaron los procesos de licitación". Así, una vez adjudicadas las obras se realizaron "numerosas modificaciones al contrato que habían suscripto (redeterminación de precios, ampliación de plazos, etc.), contraviniendo el principio de igualdad y la defensa del interés de la Administración", indicó el juez.

Indagatoria del Corcho Rodríguez

Respecto a los llamados a indagatoria, la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso la semana pasada, después de analizar una serie de documentación que llegó desde Uruguay tras unos exhortos enviados por el juzgado para analizar una serie de cuentas bancarias y firmas offshore vinculadas al entramado de sobornos encabezados por Odebrecht. El fiscal Federico Delgado había adherido al pedido de la OA, al que hizo lugar este martes el juez Casanello

Un medio de comunicación nacional reveló la semana pasada que la Justicia uruguaya determinó que cambistas de Odebrecht transfirieron 10.210.374 de dólares y 684.283 euros al "intermediario" Rodríguez, entre octubre de 2011 y septiembre de 2014.

Según la OA, el dinero que descubrió la justicia de Uruguay habría sido para que el “ex ministro Julio De Vido y otros funcionarios kirchneristas beneficiaran a la constructora brasileña en la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, "mediante un acuerdo espurio que incluía el pago de sobornos a funcionarios públicos".

El organismo planteó que el "Corcho" Rodríguez utilizó para pagar los sobornos a la empresa off shore Sabrimol Trading, constituida en Uruguay, de cuya cuenta en el Banco Itaú "fluyeron los montos descriptos".

Para realizar esas operaciones, el empresario habría contado con la colaboración de tres contadores uruguayos, quienes "tuvieron vinculación directa con la sociedad uruguaya, su mantenimiento, administración y derivación de fondos", aseguró la OA. Y agregó que esas personas "son quienes figuran en los registros de ese país como autoridades de Sabrimol y que ejecutaban las directivas de Rodríguez, que daba en forma directa o a través de su contador, Roberto Gandini".

A los tres socios uruguayos de Sabrimol se le agregaba Marcos Samuel Sankowicz, quien figura como receptor de las transferencias de esa empresa off shore.

Los cuatro realizaban viajes entre Uruguay y la Argentina, en aviones del "Corcho" Rodríguez, "que permiten sospechar que parte del dinero pudo haber ingresado en efectivo por esa vía".

FUENTE: Clarín
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