Hoy, el presidente Javier Milei pidió la renuncia del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para poder aplicar una intervención federal debido a la creciente inseguridad en la provincia, la cual se vio nuevamente reflejada por el escándalo del asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años en La Plata, quien murió durante un asalto para robar un vehículo.
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Intervención federal de una provincia: ¿Qué es y cuándo se aplica?
El presidente rechazó las declaraciones de Axel Kicillof acerca de los problemas de inseguridad y le solicitó que renuncie para intervenir la provincia.
“Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, argumentó el mandatario, en su cuenta personal de X.
No obstante, para seguir por ese camino, el Gobierno tendría que probar que se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución Nacional y obtener el apoyo del Congreso. La intervención federal es una medida contemplada en el artículo 6º de la Constitución Nacional, que faculta al Poder Ejecutivo para asumir el control de una provincia en circunstancias extraordinarias.
Solo hay tres motivos específicos previstos para justificar la intervención en la autonomía provincial: 1) “garantir la forma republicana de gobierno”, 2) ″repeler invasiones exteriores", 3) el pedido de sus “autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.
Desde la reforma constitucional de 1994, el Congreso Nacional tiene la facultad de declarar una intervención. Sin embargo, de acuerdo con la normativa vigente, el Presidente de la Nación puede llevar a cabo este decreto de manera extraordinaria si el Congreso se encuentra en receso, aunque siempre será necesario que posteriormente el Poder Legislativo lo ratifique. Esta sería una resolución de alto riesgo político, debido a las posibles tensiones que podría generar entre el gobierno nacional y las provincias.
El experto en derecho constitucional Miguel Ángel Ekmekdjian describió la intervención federal como una “acto complejo, de naturaleza política, emanado del Gobierno federal, por el cual se limita o suspende temporariamente y en forma coactiva la autonomía provincial”. Por su parte, el renombrado jurista Germán Bidart Campos la consideró como “la medida más drástica” dentro del conjunto de mecanismos de protección constitucional.
Antecedentes de intervenciones federales en democracia
El derecho a la intervención federal tiene su origen en el Pacto Federal de 1831 y en el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos de 1852, los cuales contemplaban el apoyo del gobierno nacional a las provincias y sus gobernantes en situaciones de insurrección o conflictos propios de la época de guerra civil. A lo largo del tiempo, se sumaron nuevas condiciones y requisitos a este mecanismo.
Desde el retorno de la democracia en 1983, varias provincias han sido intervenidas por el Gobierno nacional:
- Tucumán (1991): El presidente Carlos Menem corrió al gobernador José Domato y designó a Julio César Aráoz como interventor.
- Catamarca (1991): La intervención ocurrió tras el asesinato de María Soledad Morales, que generó una crisis política que derivó en la destitución del gobernador Ramón Saadi.
- Santiago del Estero (1993): A raíz del “Santiagueñazo”, un estallido social por la crisis económica, el gobernador Carlos Mujica fue desplazado y Juan Schiaretti asumió como interventor.
- La única intervención federal aplicada por ley desde entonces fue la de Santiago del Estero en 2004, ordenada por el expresidente Néstor Kirchner, bajo el supuesto de alteración de la forma republicana de gobierno. Aquella intervención, que tuvo apoyo del PJ local que gobernaba el distrito, se aplicó por denuncias de espionaje a opositores, abusos policiales y corrupción durante la gestión de la gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez.
El debate sobre una posible intervención en Buenos Aires
De acuerdo con el análisis del experto en derecho constitucional Daniel Sabsay, la intervención federal es una medida utilizada para restaurar el sistema republicano de gobierno cuando se ve amenazado. Sin embargo, este escenario aún no se ha demostrado en la provincia de Buenos Aires.
Gregorio Badeni, catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, señala en un ensayo académico que se produjo una “real desconstitucionalización de la intervención federal” en la historia argentina, ya que “en la inmensa mayoría de los casos, en más de cien oportunidades, la intervención fue dispuesta por el órgano ejecutivo y, en muchos de ellos, procurando satisfacer las mezquinas y transitorias pasiones políticas partidarias”.
“En ningún caso puede el órgano ejecutivo disponer la intervención, ni siquiera durante el receso del Congreso. Solamente lo podría hacer si fuera autorizado por ley del Congreso a ejercer dicha potestad durante su receso y condicionada a la ratificación expresa del Poder Legislativo”, señala en un artículo.
Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Suprema también expuso, en el caso "Orfila", que el poder de intervención estaba implícitamente otorgado al Congreso, tanto en la aprobación como en la supervisión de los plazos y alcances de la medida.
De este modo, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) necesita, como primer paso, contar con la mayoría de votos en ambas cámaras del Congreso para tomar una decisión similar respecto a la provincia de Buenos Aires, algo que aún no está asegurado.
Los antecedentes históricos muestran que, desde la promulgación de la Constitución Nacional en 1853 hasta 1976, se llevaron a cabo 174 intervenciones provinciales, cifra que refleja el uso habitual de este recurso. A partir de la última reforma constitucional, se impuso un límite claro a esta facultad.
Ayer, el gobernador Axel Kicillof expresó su disposición a encontrarse con Milei para analizar cómo hacer frente al aumento de homicidios en los últimos días, a raíz del asesinato de Kim Gómez. Además, acusó al oficialismo de emplear estos sucesos como parte de su “campaña electoral” para “ganar votos y lucrar con el dolor".
También criticó a la Justicia por aplicar de manera “incorrecta” la ley, dado que el principal sospechoso del crimen de la niña fue liberado durante el verano. “Yo no nombro jueces, ni pongo preso a nadie ni hago las leyes. Ya lo habíamos apresado en febrero y lo liberaron. Es un caso para discutir de la aplicación de la ley”, fustigó.
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