José López, exsecretario de Obras Públicas, se presentó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en una audiencia crucial para decidir la unificación de sus sentencias por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta contra el Estado, según indica el expediente judicial.
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José López rompió el silencio: "Llevaba una vida austera pero digna"
Recordado por intentar ocultar bolsos con 9 millones de dólares en un convento, contó que tras su excarcelación fue docente en universidades y colegios.
Su imagen quedó marcada tras ser descubierto en el Convento de General Rodríguez intentando esconder bolsos con 9 millones de dólares, joyas y armas, un hecho que le valió una condena de siete años y medio de cárcel por enriquecimiento ilegal y porte de armas.
José López habló sobre su vida en libertad condicional
Durante la audiencia, López participó de manera remota desde la cárcel de Ezeiza, donde está preso desde el 16 de junio tras la ratificación de su condena por corrupción en el caso Vialidad por parte de la Corte Suprema. Al hablar, destacó su vivencia durante el tiempo que estuvo en libertad condicional: “Me alcanzaba para mantenerme, llevaba una vida de forma austera pero digna”. Señaló que trabajó como profesor en colegios secundarios y universidades, impartiendo clases de física en formatos presenciales y virtuales.
En su testimonio, relató cómo, luego de cumplir seis años de cárcel, pudo reintegrarse a la vida social: “Después de que obtuve la excarcelación, conseguí trabajo haciendo determinaciones de precios y seguimiento de contratos”. No obstante, aclaró que terminó perdiendo ese empleo debido a “la situación mediática”, aludiendo a la gran atención pública generada por el caso del convento, que fue ampliamente cubierto por medios locales y extranjeros.
Nuevas oportunidades laborales como docente
López detalló que, luego de perder su primer empleo debido al “estigma social”, logró encontrar nuevas oportunidades como docente: “Di clases en escuela secundaria donde la relación con mis alumnos la mantenía a través de sus padres y también di clases de forma virtual para la universidad, clases de Física”, explicó.
El exfuncionario aseguró que esas actividades le permitieron “mantenerse en el último tiempo de forma austera pero digna” en sus últimos tiempos, destacando su dedicación para reconstruir vínculos tanto sociales como familiares. Además, manifestó ante el tribunal que, antes de que se confirmara la condena en el caso Vialidad, ya había iniciado un proceso para restaurar sus relaciones familiares y afectivas, ejerciendo incluso como tutor legal de su nieto frente a la dirección escolar.
La defensa pidió unificar las condenas
El objetivo de la audiencia en el TOF 2 fue analizar las posturas de ambas partes respecto a la posible unificación de las condenas. Según consta en el expediente, la defensa de López, representada por el abogado oficial Santiago Finn, solicitó que se unifiquen las sentencias aplicadas a su cliente mediante el método composicional, lo que resultaría en una condena conjunta de ocho años. Finn sostuvo que “de haberse juzgado todo en un único juicio la condena sería menor a la suma aritmética” y enfatizó que los hechos por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta están vinculados entre sí.
En contraste, el fiscal general Diego Luciani solicitó que no se apruebe la unificación de penas y que López cumpla ambas condenas de forma acumulada, sumando un total de trece años y medio de prisión. Luciani argumentó que “se juzgó un hecho de gran corrupción con las más altas jerarquías del gobierno”, destacando la gravedad de los ilícitos y el enorme daño ocasionado al Estado, estimado por el tribunal en 537 millones de dólares y por la fiscalía cerca de 1.000 millones.
El rol clave de José López en el direccionamiento de contratos y fondos públicos
A lo largo del juicio, la fiscalía fortaleció su argumento destacando que López desempeñó un rol fundamental como encargado de gestionar la distribución de recursos públicos y de direccionar contratos hacia el Grupo Austral, empresa controlada por Lázaro Báez.
La pesquisa conocida como “Vialidad” se enfocó en las irregularidades detectadas en 51 licitaciones de obras viales durante los gobiernos kirchneristas, donde se registraron sobreprecios, adjudicaciones sin competencia real, pagos exclusivos y un sistema corrupto de asignaciones que favoreció de manera sistemática a Báez.
El tribunal señaló que López fue clave para concretar esta maniobra fraudulenta, al facilitar la entrega de fondos y asegurar el pago de los contratos otorgados.
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