La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, resolverá hoy si la Argentina está obligada a ceder el 51% de las acciones de YPF que mantiene bajo su control, o si podrá seguir adelante con la apelación sin desprenderse de ese paquete accionario en una de las compañías más relevantes del país, ofreciendo en su lugar otro tipo de garantía.
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Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos define si Argentina debe entregar el 51% de las acciones
La Corte de Apelaciones de Nueva York decidirá si suspende la entrega de acciones de YPF; si es negativo, Argentina apelará a la Corte Suprema.
De esta manera, el tribunal norteamericano de segunda instancia deberá expedirse sobre la solicitud del Gobierno argentino para aplazar la entrega (“turnover”) de dichas participaciones. La decisión podría tener un fuerte impacto en la economía nacional y en las relaciones exteriores, sobre todo si la justicia de Estados Unidos concluye que el país incurre en desacato.
Origen del litigio y aumento de la deuda reclamada
La disputa legal tiene su origen en la estatización de YPF realizada en 2012, bajo el mandato de Cristina Kirchner. En un fallo de primera instancia, la jueza Loretta Preska, al frente del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, determinó que la Argentina debía abonar 16.000 millones de dólares debido a las irregularidades en el proceso de nacionalización de la compañía petrolera.
Desde entonces, los intereses generados han incrementado el monto a 18.000 millones de dólares, una cifra que constituye un desafío mayúsculo para un país que atraviesa serias dificultades para recomponer las reservas del Banco Central. La sentencia inicial fue recurrida, y la revisión del caso ante el tribunal está programada para fines de octubre, una vez que se hayan celebrado las elecciones legislativas en el país.
En paralelo, Burford Capital —el fondo que compró los derechos del litigio y que sería el mayor favorecido por un fallo a su favor— ha redoblado sus acciones para incrementar la presión sobre la Argentina. Su estrategia apunta a probar que el Estado y YPF operan como si fueran una misma entidad, sin una separación real entre ambos, lo que abriría la posibilidad de embargar otros bienes pertenecientes a la Nación.
Con ese objetivo, pidió obtener correos electrónicos, conversaciones de chat y archivos pertenecientes a los ex titulares de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa, junto con la entrega inmediata del 51% de la participación accionaria que el Estado posee en YPF.
Juicio por YPF: apelación, suspensión y posibles consecuencias legales
En este marco, la magistrada Preska resolvió que dichas acciones deben ser traspasadas, aunque la Argentina presentó un recurso de apelación. El Gobierno requirió un “stay” —una pausa en la ejecución de la orden— hasta que el proceso de revisión concluya, lo cual está previsto para septiembre.
La pronta definición que deberá emitir la Corte de Apelaciones abre múltiples posibles escenarios. En caso de que el fallo sea desfavorable para la Argentina, el Gobierno tiene previsto acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos, un ámbito al que rara vez llegan disputas de carácter administrativo, según indicaron algunas fuentes. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, el máximo tribunal decide no involucrarse, lo que implicaría que la resolución de la Cámara de Apelaciones quede establecida de manera definitiva.
En caso de que la Argentina decida no cumplir con la sentencia, se colocaría en situación de desacato, lo que abriría la puerta a penalidades de gran magnitud. En este marco, las eventuales sanciones irían más allá de simples multas, ya que Burford —que será quien solicite a la jueza Preska que declare al país en rebeldía— podría impulsar medidas más duras que las derivadas de enfrentarse directamente con el principal centro judicial del sistema financiero global.
Entre ellas, se contemplan obstáculos para emitir nueva deuda y un incremento en la desconfianza de los inversores internacionales, en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei intenta captar capitales foráneos.
De acuerdo con fuentes cercanas al expediente, una de las alternativas sería intentar bloquear el ingreso a Estados Unidos de determinados funcionarios del Gobierno argentino o, incluso, disponer la cancelación de visas ya otorgadas a ciudadanos del país. Por supuesto, cualquier medida de esa envergadura requeriría la autorización expresa de la jueza Preska.
Tres posibles escenarios
Tal como adelantó este medio días atrás, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito tendría sobre la mesa, para la próxima semana, al menos tres rutas posibles a seguir.
- No concede la suspensión y confirma la orden de la jueza Preska.
- Concede una suspensión con garantías distintas a las acciones de YPF.
- Concede la suspensión a Argentina.
En caso de que se concrete alguno de los dos primeros escenarios, prácticamente no habría dudas de que Argentina acudirá a la Corte Suprema de Estados Unidos. Aunque especialistas califican este paso como “poco habitual” al tratarse de un asunto de índole administrativa, el Gobierno estaría dispuesto a impulsarlo, según indicaron fuentes consultadas por este medio.
Desde la perspectiva de Burford, esta jugada no sería más que una estrategia para seguir dilatando el proceso, algo con lo que la jueza Preska probablemente coincida, aunque aguardaría el pronunciamiento de la máxima instancia judicial estadounidense. Dada la naturaleza del procedimiento, es probable que el tribunal supremo se pronuncie con rapidez: habitualmente opta por no tomar este tipo de casos, lo que implicaría que se mantenga en vigor el fallo emitido por la Cámara de Apelaciones.
En el caso de que el veredicto resulte desfavorable —es decir, si se concreta alguno de los dos primeros escenarios mencionados anteriormente— y el país no acate lo dispuesto, Argentina quedará en situación de desacato.
Por el contrario, si el dictamen beneficia a la posición nacional —correspondiente a la tercera opción—, la ejecución definitiva de la entrega de las acciones quedará en pausa durante unos meses, hasta septiembre. Será entonces cuando la Cámara determine si la orden de turnover emitida por la jueza Preska es válida o debe ser desestimada.
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