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SUSCRIBITESiete de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa habían cuestionado el desempeño de la fiscal y de otros funcionarios judiciales, a quienes señalaron por supuestas irregularidades.
Caso Fernando Báez Sosa: la Corte rechazó otro planteo de los rugbiers condenados.
En una nueva instancia del caso Fernando Báez Sosa, la Corte desestimó la presentación realizada por siete de los ocho rugbiers condenados. Los acusados habían denunciado a la fiscal y a otros funcionarios judiciales por presuntas irregularidades durante las primeras horas de la investigación.
Un nuevo revés judicial alcanzó a siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo que los acusados habían presentado contra la fiscal que investigó el homicidio y otros funcionarios judiciales, a quienes les atribuían supuestas irregularidades en el inicio del expediente por el crimen ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.
La decisión contó con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los integrantes del máximo tribunal consideraron que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación necesarios, ya que carecía de argumentos autónomos y no rebatía de forma adecuada los fundamentos de la resolución apelada.
La presentación había sido impulsada por el abogado Hugo Tomei, cuando ejercía la defensa de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi.
En su denuncia, los siete acusados sostuvieron que, durante las indagatorias realizadas poco después del crimen de Fernando Báez Sosa, no habían recibido información clara y suficiente sobre los hechos que se les imputaban ni sobre los elementos probatorios que existían en su contra.
La defensa también puso en duda la forma en que se confeccionaron y suscribieron las actas de las indagatorias. En ese sentido, sostuvo que las actuaciones realizadas tras el asesinato de Fernando Báez Sosa no habían cumplido con las garantías procesales contempladas en el Código Procesal Penal bonaerense.
Los cuestionamientos integraron la estrategia defensiva de los rugbiers en el expediente principal por el homicidio. No obstante, Hugo Tomei decidió impulsar una acción por separado y promovió una denuncia penal en la que señaló la posible comisión de tres delitos: falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.
La denuncia alcanzó a varios funcionarios judiciales que intervinieron en las primeras etapas de la causa. Entre ellos se encontraban la fiscal Verónica Zamboni, responsable de investigar el homicidio; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; integrantes del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, quien había dispuesto la prisión preventiva de los rugbiers.
El expediente avanzó por una vía judicial propia y tuvo un paso relevante en febrero de 2022. En ese momento, la Cámara de Apelaciones de Dolores resolvió admitir a los siete rugbiers como particulares damnificados, una figura que les permitió intervenir formalmente en la causa iniciada a partir de la denuncia presentada por su defensa.
Pese a ese avance inicial, la investigación no prosperó y la denuncia terminó siendo desestimada por falta de dolo. La resolución también rechazó el pedido para que los rugbiers declararan como víctimas en el expediente, así como otras medidas probatorias que había solicitado su abogado defensor.
Ante el rechazo de la denuncia, Hugo Tomei recurrió al superior del fiscal para pedir una revisión de lo resuelto. Para ello, utilizó el procedimiento establecido en el artículo 290 del Código Procesal Penal bonaerense. No obstante, la instancia de revisión confirmó la decisión y mantuvo el criterio adoptado previamente.
La Justicia rechazó los dos planteos impulsados por la defensa: la recusación del magistrado y el cuestionamiento de constitucionalidad. La decisión luego fue ratificada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que confirmó lo resuelto previamente.
La decisión no afecta las condenas por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ya que no se trata de una revisión de las sentencias dictadas en la causa principal.
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