Luego de que se conociera la noticia por parte de la justicia fallando a favor de Chubut, el Gobierno presentaría un per saltum a la Corte, un recurso en el que se saltea a la Cámara Federal y pasa directamente a debatirse en el máximo tribunal.
- Todo Jujuy >
- País >
Qué significa per saltum
El per saltum es una herramienta jurídica que permite darle una pronta atención del Poder Judicial a asuntos que requieran una rápida respuesta.
¿Qué es un per saltum?
El per saltum es un instrumento procesal excepcional que permite llegar a la Corte Suprema saltando las instancias intermedias, en este caso la Cámara Federal. Ante una sentencia de primera instancia, la parte perjudicada puede recurrir directamente ante el máximo Tribunal.
El concepto per saltum refiere a "salto de instancia" y en resumen, se utiliza para referirse a un expediente judicial que logre arribar directamente a la Corte Suprema de Justicia (CJS). Se lo entiende como "excepcional" y sólo de ejecución en causas de competencia federal que se constaten cuestiones de notoria gravedad institucional.
Cuándo se utilizó el per saltum en Argentina
El recurso obtuvo regulación legal a fines de 2012, mediante la Ley 26.790, al incorporarse al Código Procesal Civil y Comercial, que en el artículo 257 bis dispone: “Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del recaudo del tribunal superior, en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
A pesar de que el mismo entró en vigencia en 2012, en la sanción de la Ley 26.790, había sido empleado en algunas situaciones puntuales. Uno de ellos fue en la privatización de Aerolíneas Argentinas, donde se presentó para saltear a la Cámara de apelaciones, y recurrir a la Corte.
También se tuvo en cuenta cuando se trató la reforma judicial en 2013 y se declaró la inconstitucionalidad dicha normativa que implementaba modificaciones en el Consejo de la Magistratura, ley que había presentado el kircherismo.