Ruta del dinero K: Fabián Rossi fue el primero de los condenados en llegar a Comodoro Py

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó las penas impuestas a todos los involucrados en la causa por el lavado de 55 millones de dólares provenientes del empresario Lázaro Báez, maniobra que se ejecutó mediante compañías y entidades financieras en el exterior.

Los abogados defensores de los seis sentenciados que hoy deben ser privados de su libertad ya solicitaron que se les otorgue el beneficio del arresto domiciliario, argumentando motivos vinculados a su estado de salud o a la avanzada edad, ya que varios de ellos superan los 70 años. El juez a cargo del caso decidió tratar esas solicitudes por separado, en expedientes individuales. Para resolver cada caso, será necesario llevar a cabo peritajes médicos que permitan determinar si sus condiciones pueden ser adecuadamente tratadas en un establecimiento carcelario. Hasta que se definan esas evaluaciones, permanecerán alojados en instalaciones de la Policía o en centros del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Luego del veredicto emitido por la Corte Suprema, el Poder Judicial deberá revisar el estado procesal de Lázaro Báez —sentenciado a una década de prisión— y de otros imputados involucrados. Esta revisión alcanza a quienes ya pasaron por prisión o continúan cumpliendo arresto, como es el caso del empresario que permanece con detención domiciliaria en la provincia de Santa Cruz. La tarea pendiente consiste en calcular el tiempo de condena ya cumplido, considerando los períodos previos en los que estuvieron privados de la libertad, para establecer si corresponde dar por extinguida la pena.

La situación de Lázaro Báez

Lázaro Báez fue privado de su libertad en el marco de esta investigación desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019, momento en el que recuperó su libertad ambulatoria. No obstante, el empresario continuó bajo custodia judicial, aunque en régimen de prisión domiciliaria, debido a otra causa judicial. En ese expediente paralelo, también vinculado al delito de blanqueo de capitales, se lo condenó a una pena de cuatro años y medio por la adquisición del establecimiento rural “El Entrevero”, ubicado en territorio uruguayo. Cabe señalar que dicha sentencia aún no cuenta con la ratificación definitiva de instancias superiores.

En torno al período de detención de Lázaro Báez en el marco del expediente conocido como la “Ruta del dinero K”, existe una controversia. Sus abogados sostienen que debe computarse la totalidad del tiempo bajo custodia, es decir, tanto los tres años que pasó en el penal de Ezeiza como los cinco años y medio que lleva cumpliendo arresto domiciliario. Según esa interpretación, habría estado privado de su libertad durante nueve años y medio, por lo que, argumentan, ya habría satisfecho la condena de una década. En esta instancia, el fiscal deberá emitir su dictamen y, posteriormente, el tribunal tomará una decisión.

Sin embargo, existen resoluciones de la Cámara Federal que indican que, en el caso específico de esta causa, solo deben contabilizarse los tres años de reclusión en el penal, ya que más tarde fue excarcelado en ese proceso y la prisión domiciliaria fue impuesta en otro expediente distinto.

Martín Báez, hijo del empresario y también sentenciado en el expediente, permaneció detenido durante cuatro años y medio, desde enero de 2019 hasta que recuperó la libertad en junio de 2023. En cuanto a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, su situación es equiparable a la de Lázaro Báez: ambos pasaron un período tras las rejas por esta causa y luego continuaron con arresto domiciliario, pero en el marco del expediente vinculado a la adquisición del campo “El Entrevero”.

Chueco fue liberado en junio de 2020, mientras que Pérez Gadín obtuvo su libertad en noviembre del año pasado. En todos estos casos, el tribunal deberá revisar los tiempos cumplidos en detención para determinar si ya han saldado sus penas y, por ende, evitar que vuelvan a ser encarcelados.