La administración de Javier Milei disolvió la Unidad Especial de Investigación, destinada a localizar a los nietos apropiados durante la dictadura cívico-militar, admirada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Esta controversial decisión ocurre solo semanas después de que un grupo de legisladores de La Libertad Avanza se reuniera con criminales de lesa humanidad ya sentenciados.
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Se eliminó la Unidad Especial de Investigación para buscar nietos apropiados
Javier Milei argumentó que, en los considerandos de la medida, prioriza el derecho a la intimidad sobre la resolución de un delito que lleva más de 40 años.
Esto quedó registrado en el Decreto 727/2024, difundido hoy en el Boletín Oficial, con las rúbricas del presidente Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Abuelas de Plaza de Mayo ya había alertado que el gobierno tenía la intención de retirar al Estado de la labor de encontrar a las víctimas de la dictadura y de dejar de lado la política de Memoria, Verdad y Justicia.
El Decreto 727/2024 anuló el Decreto 715/2004, emitido durante la presidencia de Néstor Kirchner, el cual operaba bajo la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Esta medida había sido fundamental para avanzar en la restitución de la identidad de nietos apropiados.
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno señaló que la unidad contaba con "acceso directo e irrestricto" a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. En esa línea, indicó que se trata de herramientas que "violentan nuestro régimen constitucional".
Apuntó que "corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial" y que por tal motivo se creó "en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la 'Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado'".
Para la administración de Milei, "el derecho a la privacidad" tiene mayor relevancia que la búsqueda de los niños secuestrados, un crimen que aún persiste, afectando a cientos de personas que ignoran su identidad real. El decreto sostiene que la Unidad Especial de Investigación infringe principios constitucionales "como el artículo 43" que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano, por lo que este solo puede ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada destinada a obtener información específica, legítima, idónea, proporcional y razonable a los fines buscados, sin que pueda ser evitada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos.
En esa línea, afirman que las facultades de investigación que le fueron otorgadas a la Unidad Especial de Investigación "contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias".
Repudio de Abuelas
Abuelas de Plaza de Mayo alertó sobre el impacto negativo que tendrá la disolución de la unidad destinada a localizar a los nietos apropiados.
La reglamentación, que comenzó a regir hoy, fue implementada solo unas semanas después de que Abuelas de Plaza de Mayo emitiera un comunicado alertando sobre la existencia de un proyecto de decreto del Gobierno para suprimir el organismo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI), bajo la supervisión de la Secretaría de Derechos Humanos dirigida por Alberto Baños.
A finales de junio, Abuelas advirtió que, de concretarse esta medida, se "ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado".
La Unidad Especial de Investigación (UEI), establecida en 2004, brinda apoyo a jueces y fiscales en situaciones donde podría haberse producido una sustitución de identidad, con el fin de prevenir la apertura de procesos judiciales infundados. Actualmente, Abuelas de Plaza de Mayo maneja cerca de 7.000 reportes sobre posibles hijos e hijas de desaparecidos, los cuales son evaluados por esta unidad.
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