El Gobierno nacional presentará este martes 22 de julio un escrito ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York para solicitar la continuidad de la suspensión en la entrega de acciones de YPF, dispuesta anteriormente por la jueza Loretta Preska. El objetivo es evitar la ejecución inmediata del fallo mientras se desarrolla el proceso de apelación por la expropiación de la petrolera.
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Argentina presentará un escrito para mantener la suspensión de la entrega de acciones de YPF
Argentina quiere extender la suspensión para evitar un desacato en caso de que la Corte de Apelaciones de Nueva York no haga lugar a la solicitud.
El pedido se fundamenta en que la actual suspensión rige únicamente durante la etapa de presentación de alegatos previos al fallo de segunda instancia. Por eso, los abogados del Estado buscarán que la medida se extienda durante todo el proceso de apelación.
La acción judicial ocurre luego de que los beneficiarios del fallo —que obliga a la Argentina a pagar alrededor de 16.100 millones de dólares— manifestaran que no desean quedarse con las acciones de YPF, aunque exigieron que el país deposite una garantía para continuar con el recurso de apelación.
Este nuevo escenario judicial se da tras la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que presentó un amicus curiae en respaldo de la posición argentina. Desde el equipo legal del país consideran que ese apoyo fortalece su estrategia y mejora el panorama de cara al desarrollo del litigio.
Fuentes oficiales señalaron que la intención del Gobierno es evitar una ejecución anticipada y sostener la apelación en curso sin perder control sobre las acciones de la empresa.
Qué pasará si rechazan el pedido de Argentina
Si la Corte de Apelaciones de Nueva York rechaza el planteo de Argentina, volverá a regir la orden de la jueza Loretta Preska y el país deberá entregar las acciones de YPF. De no hacerlo, podría ser declarado en desacato, una figura que, si bien no se aplica de forma directa a Estados soberanos, puede traer consecuencias graves.
Según especialistas en derecho internacional, ese escenario pondría en jaque la credibilidad de Argentina ante organismos multilaterales y complicaría su acceso al financiamiento externo. Por eso, el Gobierno intenta evitar a toda costa que se avance con esa posibilidad.
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