Tras enterarse de presuntas filtraciones y venta de información sobre la causa del Estado Nacional contra Burford por la estatización de YPF, el Gobierno autorizó despedir funcionarios de Procuración del Tesoro.
Según detallaron fuentes gubernamentales, en las últimas semanas hubo preocupación en las filas de la Procuración por diferentes asuntos relativos a la estrategia judicial que se revelaban sin haber sido autorizadas por los altos mandos del organismo, que no se caracteriza por ese tipo de manejos, ya que puede comprometer el normal desenvolvimiento de la posición argentina en ciertos litigios de alta sensibilidad.
“La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”, destacó en un comunicado el organismo que preside Santiago Castro Videla.
Este organismo, el encargado de gestiones la causa por YPF y otros en estrados internacionales, destacó que realiza un “recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas” que pretende “fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”.
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