La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión, junto con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por administración fraudulenta en el marco de la causa Vialidad.
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Cristina Kirchner apuntó contra la justicia: "Me castigan porque soy mujer"
Tras la condena en su contra, Cristina Kirchner se instaló en el Instituto Patria, desde donde saludó en el balcón a los militantes presentes.
La ex vicepresidenta cuestionó horas después a la Justicia por el fallo: "Me castigan porque soy mujer", dijo. "Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil, y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer, también, y no se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón, como no me pueden pegar, porque cuando discuten y uno tiene razón, pum, piña”, subrayó.
“Como no me la pueden dar la piña, hacen las cosas que hacen, como las que hicieron hoy en Comodoro Py. Así que no importa chicas, al lado de lo que tuvieron que aguantar miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad", cerró.
La justicia además homologó el decomiso de 84 mil millones de pesos, cifra que, según la investigación, representa el daño económico causado al Estado por estas maniobras fraudulentas. Este monto incluiría propiedades y bienes vinculados a los responsables, y se destinaría a resarcir las pérdidas patrimoniales ocasionadas al erario público.
La causa contra Cristina Kirchner
El caso Vialidad tiene sus raíces en 51 procesos de licitación para obras viales en Santa Cruz, un entramado de contratos que, según el fallo, representó un notable perjuicio para las arcas públicas, calculado en 84 mil millones de pesos. Durante la audiencia pública en Comodoro Py, donde se anunció la decisión de la Cámara de Casación, se detalló cómo estas licitaciones fueron otorgadas sistemáticamente a las empresas de Báez, mediante un circuito de irregularidades que involucró tanto a funcionarios nacionales como provinciales.
El rol de Cristina Fernández en estos hechos, según el fallo, se evidenció en diversas decisiones ejecutivas, incluyendo la firma del Decreto 54/09, que permitió financiar directamente los contratos adjudicados a Báez. Esta medida se concretó con la intervención del entonces secretario de Obras Públicas, José López, quien también recibió una condena de seis años de prisión. Junto a ellos, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, y otros funcionarios como Juan Carlos Villafañe y Raúl Gilberto Pavesi, recibieron condenas que varían de tres a seis años.