El 3 de junio se cumplen siete años del primer grito de Ni Una Menos. Este viernes, las calles volverán a ser el escenario para las demandas de la gran cantidad de mujeres que no se cansan de reclamar que se quieren "Libres y con vida". El concepto femicidio puede definirse como un homicidio intencional de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia.
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Desde el 1° de enero al 31 de mayo hubo 127 femicidios
El 3 de junio se cumplen siete años del primer grito de Ni Una Menos en Argentina.
Esta tarde, en el centro cultural La Toma se llevará adelante la última asamblea de cara a un nuevo 3J, organizado por el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria, que junta a más de 80 organizaciones. La marcha iniciará en la plaza San Martín, donde la concentración comienza a las cinco de la tarde. En el festival, en el Parque Nacional a la Bandera, habrá lectura de proclama y feria de la economía popular.
La militante del Moviento Evita y NUM Rosario, Majo Poncino, señaló que "Ni una menos pasó de ser una consigna, un hashtag agitado en las redes sociales, en 2015, a partir del femicidio de Chiara Páez en Rufino, a un movimiento feminista internacional que acumula un grito desgarrador de bronca e impotencia donde el dolor se organiza en lucha". Por este motivo, a 7 años de aquel primer Ni Una Menos "la conciencia y la visibilización sobre las violencias como problemática social se profundizó, pero no disminuyeron los femicidios, travesticidios y la respuesta estatal sigue siendo insuficiente".
Datos escalofriantes brindó un informe anual de la Oficina de la Mujer, organismo dependiente de la Corte Suprema: en 2021, una mujer fue asesinada cada 38 horas en la Argentina en casos extremos de violencia de género.
Se registraron 231 víctimas mortales directas (entre ellas cinco mujeres trans), un número que refleja una disminución del 8% respecto a los femicidios contabilizados en 2020.
Se trata de la cantidad de femicidios más baja desde los 225 casos contabilizados en el año 2014, cuando la Corte Suprema comenzó a sistematizar la información nacional respecto a la violencia de género.
Otras 20 personas (cinco mujeres y 15 varones) murieron en 2021 en casos descritos como femicidios vinculados, figura que abarca aquellos hechos en los que el agresor elige víctimas vinculadas con la mujer blanco de su agresión machista con el fin de generar un daño psicológico por la pérdida de un ser querido.
Una saldo dramático de los femicidios queda expuesto en la cifra de niños, niñas y adolescente que padecieron la muerte de su madre: 182. En total, estaban embarazadas seis de las 231 víctimas de femicidio el año pasado. A su vez, diecinueve eran niñas o adolescentes.
Nueve de cada diez mujeres asesinadas en situaciones de violencia de género conocían a sus agresores, en base a los datos que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema pudo conseguir al efectuar análisis de los expedientes en tribunales de toda la Argentina.
Ese dato señaló también que el 62% de los imputados por los asesinatos eran pareja o expareja de la víctima. En 39% de los casos el asesino fue la persona que vivía en la misma casa que la mujer.
Uno de los episodios más alarmantes que aparece en la estadística de 2021 es el aumento de la participación de policías en los asesinatos de sus parejas o exparejas. En dichos casos, el femicidio se efectuó con el arma que el Estado le concedió a esas personas para la proteger a los ciudadanos. Fueron 25 uniformados -de distintas jurisdicciones- imputados por asesinatos de mujeres en situaciones de violencia de género.
Esa cifra de agentes federales y provinciales que asesinaron a mujeres es la más alta en cinco años, ya que en 2020 fueron siete los policías imputados por asesinatos de mujeres; en 2019, 16; en 2018, 18, y en 2017, 12.
Cabe destacar que la existencia de un arma de fuego en la casa siempre es una razón de alerta extra cuando en las fiscalías se reciben denuncias sobre situaciones de violencia de género.
En la Guía de actuación para casos de violencia doméstica, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres determinó en 2016 una pauta prioritaria: quitar las armas de la casa apenas se concrete una denuncia. Esa situación puede ser más difícil si el agresor es personal de una fuerza de seguridad, ya que la portación del arma reglamentaria forma parte de su labor. Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal ofreció una recomendación para todos sus investigadores judiciales.
“La pertenencia del agresor a las Fuerzas Armadas o de Seguridad constituye un factor de altísimo riesgo en casos de violencia doméstica, ya que el personal militar y policial porta armas reglamentarias que podrían ser utilizadas para atacar o intimidar a la víctima. En estos casos, las fiscalías deben informar a la autoridad administrativa correspondiente la existencia de la denuncia y las medidas preventivas urgentes ordenadas respecto del imputado, para que disponga la restricción del uso del arma reglamentaria a la jornada laboral”, se indicó en esa directiva.
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