El caso judicial que investiga la mansión ubicada en Pilar, vinculada a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tuvo un nuevo avance esta mañana. Según informaron fuentes judiciales, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fueron al aeropuerto de San Fernando para llevar adelante un operativo en el hangar de la compañía Flyzar.
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Enviaron un operativo judicial en San Fernando por vuelos vinculados a la AFA
La PSA inspecciona el hangar de Flyzar por orden del juez González Charvay para identificar a los pasajeros de los helicópteros a Villa Rosa.
El procedimiento fue dispuesto por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien lleva adelante la causa que analiza el patrimonio y las operaciones financieras de los dirigentes del fútbol argentino.
Al presentarse en las instalaciones de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (FLYZAR), los efectivos fueron atendidos por el propietario de la empresa, Felipe Carmona Natta. Según indicaron fuentes cercanas al caso, el empresario señaló que, de contar con la documentación requerida, necesitaría tiempo hasta el lunes para poder entregarla.
El pedido del juzgado se centra en el núcleo de la operación aérea: el juez pretende acceder a datos precisos sobre los seguros de los helicópteros, los planes de vuelo y la lista completa de pilotos. La intención es determinar quiénes utilizaban con regularidad esas aeronaves y qué tipo de cargas llegaban a la propiedad de Villa Rosa.
“Vuelos de entrenamiento”
La medida forma parte de una pesquisa que inicialmente había iniciado el juez del Fuero Penal Económico Marcelo Aguinsky, antes de que la Cámara Federal de San Martín retirara el expediente y lo remitiera al Juzgado Federal de Campana.
En aquel tramo de la investigación, Aguinsky tomó declaración a dos de los pilotos de los helicópteros que operaban en la zona. Durante sus testimonios, uno de los aeronautas intentó justificar su presencia en la propiedad asegurando que realizaba “vuelos de entrenamiento”.
No obstante, los testimonios generaron más incertidumbre que claridad. Al ser consultados sobre la posible carga transportada, los dos pilotos aseguraron no haber trasladado bultos ni paquetes. Entre los datos que preocupan a los investigadores figura que, en conjunto, realizaron más de 60 viajes hacia la quinta de Villa Rosa.
El interrogatorio también tenía como objetivo confirmar si los dirigentes de la AFA hacían uso de estas aeronaves. Durante la instancia, el juez les mostró fotografías para determinar si podían reconocer al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o al tesorero Pablo Toviggino, pero ambos negaron poder identificarlos como pasajeros habituales.
La explicación ofrecida despertó dudas y recelo dentro del ámbito judicial, especialmente por la falta de registros oficiales de pasajeros o documentación sobre la carga que permitan verificar de forma rápida sus declaraciones. “El juez tratará de reconstruir por otros medios si lo que dicen los pilotos era realmente así”, detalló un funcionario con conocimiento directo del caso.
Pericias sobre el lavado de dinero
El procedimiento realizado en San Fernando no constituye un hecho aislado. Se enmarca dentro de una serie de medidas ordenadas por el juez Adrián González Charvay el pasado miércoles, que incluyen solicitudes de documentos a entidades públicas y privadas, además de la realización de tres peritajes específicos.
El eje de la investigación está en determinar quién es el propietario real de la propiedad y rastrear el origen del dinero utilizado. Oficialmente, la finca está registrada a nombre de la empresa Real Central S.R.L., cuyos responsables legales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.
Según la documentación presentada, la adquisición se concretó en mayo de 2024 por 1,8 millones de dólares, un monto que contrasta de manera significativa con la tasación oficial de 17 millones de dólares.
Los investigadores judiciales consideran la posibilidad de que Pantano y Conte estén operando como testaferros de Pablo Toviggino o de otras personas, ya que su historial financiero y nivel de bienes no se condicen con el monto desembolsado en la compra.
Las recientes acciones del juez apuntan a examinar en detalle las transacciones societarias y fiscales, con el objetivo de determinar si hubo maniobras para ocultar patrimonio o movimientos vinculados a lavado de dinero.
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