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SUSCRIBITEEl organismo dirigido por Chiqui Tapia cuestionó al inspector Daniel Vítolo y aseguró que el traslado de jurisdicción se realizó dentro de la normativa.
La AFA contestó la intimación de la Inspección General de Justicia y desestimó las críticas del Gobierno.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió una contestación formal al requerimiento presentado por la Inspección General de Justicia (IGJ), lo que profundizó el enfrentamiento institucional en torno a la revisión de los balances y los mecanismos de control administrativo.
El intercambio reavivó el debate sobre la situación financiera del fútbol local y el grado de claridad con el que se manejan sus recursos. Desde la IGJ, organismo conducido por Daniel Roque Vítolo, se reclama que tanto la AFA como la Liga Profesional de Fútbol brinden precisiones exhaustivas sobre distintos rubros consolidados de sus informes contables, cuyo volumen total supera los 450 millones de dólares.
Desde el ente público afirman que esos montos, acumulados a lo largo de los últimos ocho años, carecen del nivel de detalle exigido y que los requerimientos formulados con anterioridad nunca obtuvieron contestación. En ese sentido, Vítolo explicó en declaraciones con colegas de Infobae.
“Confiamos en que tanto la AFA como la Superliga expliquen correctamente los contenidos internos de rubros globales que, en conjunto, superan los USD 450 millones y que se incluyeron en los estados financieros sobre los cuales se los ha interrogado durante ocho años sin haber recibido jamás respuesta”, señalaron.
Por su parte, la AFA remarcó que la intimación fue acompañada por declaraciones públicas de tono elevado por parte del titular de la IGJ. Ante ese escenario, la entidad elevó una presentación formal en relación con los ejercicios contables comprendidos entre 2017 y 2023. En el texto subrayó que la intención es aportar claridad tanto a sus asociaciones afiliadas como a la sociedad, apoyando sus explicaciones en información verificable, documentación de acceso público y resoluciones administrativas comprobables.
Desde la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, aseguran que la totalidad de los estados contables solicitados fue entregada y que no se registra falta alguna. A través de una comunicación oficial, la entidad afirma haber presentado reportes y respaldos documentales dentro de los plazos establecidos. También aclara que únicamente recibió una observación formulada de acuerdo con los procedimientos vigentes y que la misma fue contestada de manera inmediata.
Asimismo, remarca que de forma periódica obtuvo certificados de vigencia y de domicilio emitidos por la propia IGJ, en los cuales el organismo dejó asentado que la asociación cumplía con las exigencias formales y la presentación de la documentación correspondiente.
Como complemento, la AFA subraya su voluntad de ajustarse a las normas y desestima de plano las imputaciones vinculadas a supuestas prácticas dilatorias. En su pronunciamiento oficial afirma que la situación es opuesta a la que se le atribuye y sostiene que, durante todo ese período, no recibió pedidos formales de información, remarcando la inexistencia de intimaciones válidas por parte de los organismos públicos.
Dentro de su línea de defensa, la entidad menciona el proceso de cambio de jurisdicción, que implicó el traslado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con su versión, la asamblea que resolvió esa modificación contó con la supervisión de inspectores de la IGJ y toda la documentación fue visada por el organismo. Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas convalidó el trámite y comunicó oficialmente la decisión a la IGJ.
Para la conducción de la AFA, poner en duda el cambio de jurisdicción no tiene sustento alguno, dado que —según su postura— el trámite se ajustó a la ley y contó con control de los organismos competentes. La entidad rechaza de manera tajante cualquier versión que sugiera un intento de evitar inspecciones o sustraerse al control estatal, y sostiene que la decisión respondió al uso legítimo de atribuciones institucionales. “No es cierto que la AFA haya huido”, enfatizaron.
En relación con las observaciones contables, desde la IGJ advierten que el volumen de los montos involucrados y la ausencia de un desglose preciso en ciertos rubros obligan a profundizar el examen, tanto por parte de la AFA como de los estudios contables que auditaron los estados financieros.
Vítolo señaló que resultan indispensables aclaraciones técnicas y resguardos vinculados a la prevención del lavado de activos y al seguimiento del origen y destino del dinero, en sintonía con pesquisas judiciales abiertas sobre la administración de esos fondos.
Desde la AFA sostienen que gran parte de los señalamientos sobre sus estados contables nunca les fueron comunicados por las vías formales y que varios trámites quedaron cerrados sin que existiera un proceso administrativo claro. Afirman haber entregado toda la información exigida y cuestionan a la IGJ por demoras que, según indican, superaron los 700 días hábiles en la revisión de los expedientes. En ese marco, remarcan que no pueden contestar pedidos que nunca fueron notificados oficialmente.
Respecto de eventuales sanciones o decisiones futuras, el inspector Daniel Roque Vítolo advirtió que, si la AFA no presenta una explicación considerada adecuada antes del 20 de enero de 2026, elevará al Ministerio de Justicia la recomendación de nombrar un veedor contable para supervisar la situación.
La eventual tarea de ese veedor sería revisar la contabilidad y la documentación de la AFA y de la Liga Profesional para despejar dudas sobre el manejo de los recursos y dar respuesta a los cuestionamientos aún abiertos. “Si no contesta la AFA…, seguramente propondremos al Ministerio la designación de un veedor contable para que realice la investigación sobre los libros y documentos de la AFA y de la Superliga”, afirmó el funcionario.
Desde la AFA descartan la necesidad de avanzar con ese tipo de intervención y sostienen que cualquier control debe ajustarse a las atribuciones legales y a los procedimientos formales. Además, advierten que exponer acusaciones en el ámbito público sin sustento documental constituye una forma de presión mediática y no un mecanismo genuino de control institucional.
La IGJ trazó un paralelismo con el denominado FIFA Gate, el caso que dejó al descubierto un entramado internacional de corrupción. De acuerdo con Vítolo, en caso de confirmarse desvíos de dinero, irregularidades cambiarias o conductas ilegales, las consecuencias podrían incluso ser más graves que las de aquel antecedente.
En ese sentido, recordó que en la investigación global se hablaba de unos USD 200 millones, mientras que los montos actualmente bajo análisis en la AFA ya superan los USD 400 millones.
Además, Vítolo remarcó que, de comprobarse hechos delictivos, las eventuales responsabilidades no serían institucionales sino personales, y alcanzarían a integrantes del Consejo Directivo, dirigentes de clubes y auditores que convalidaron las operaciones, sin comprometer jurídicamente a la AFA como entidad.
La AFA insiste en su voluntad de dar explicaciones a través de los mecanismos formales correspondientes y afirma que la exposición mediática del expediente altera el marco legal del trámite. Sostiene que los señalamientos difundidos públicamente no están respaldados por documentación y, además, se oponen a resoluciones y actuaciones administrativas anteriores del propio ente estatal.
Desde su óptica, la situación pone de manifiesto un trasfondo de tensiones políticas y judiciales, en el que se intentaría desplazar responsabilidades vinculadas a demoras y fallas procedimentales. En ese sentido, la entidad considera que las objeciones carecen de sustento fáctico y adjudica el conflicto a la ausencia de respuestas claras y en tiempo por parte del organismo de fiscalización.
En simultáneo con la disputa administrativa, avanzan distintas investigaciones judiciales que examinan el destino de los fondos de la AFA y la actuación de sus máximos dirigentes. En ese contexto, Claudio Tapia se refirió públicamente por primera vez al tema y buscó bajar el tono: “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado”, aseguró.
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