El presidente Javier Milei vetó de manera total tres leyes clave sancionadas por el Congreso el 10 de julio: la nueva fórmula jubilatoria con suba en bonos, la reincorporación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia nacional en discapacidad. La decisión fue oficializada este lunes a través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial en el límite del plazo legal.
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Javier Milei vetó el aumento a jubilados, la moratoria y la emergencia en discapacidad
El presidente Javier Milei rechazó tres leyes votadas por amplia mayoría en el Congreso. Argumenta que implican un gasto excesivo.
Los vetos fueron refrendados por todos los ministros del Gabinete y se fundamentan, según el Ejecutivo, en la falta de fuentes de financiamiento suficientes y en “irregularidades” durante el tratamiento parlamentario. La reacción del oficialismo se inscribe en un contexto de tensión con la oposición y con los gobernadores, que ahora deberán definir su postura en la sesión especial prevista en Diputados para esta semana.
Qué leyes vetó Javier Milei
El veto presidencial alcanza las leyes 27.791, 27.792 y 27.793:
- Ley de movilidad previsional: establecía un aumento adicional del 7,2% para todos los haberes jubilatorios y pensiones (excepto los regímenes especiales) y una suba del bono de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación.
- Moratoria previsional: reinstauraba por dos años el régimen que permite jubilarse a quienes no completaron los 30 años de aportes. La norma fue aprobada con votos de la oposición y sectores dialoguistas.
- Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía la actualización de aranceles para prestadores. El Ejecutivo calculó que la implementación costaría $2 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026.
El argumento del Ejecutivo
Según el texto del decreto, las medidas vetadas implican un incremento del 1,68% del PBI en el gasto público, algo que el Gobierno considera incompatible con el objetivo de alcanzar y sostener el superávit fiscal permanente.
En palabras del propio Milei, pronunciadas semanas atrás en la Bolsa de Comercio: “Vamos a vetar. Aun si se dieran las circunstancias, lo vamos a judicializar. Y si no, lo vamos a revertir el 11 de diciembre. La política del superávit fiscal es permanente”.
El Gobierno también advirtió que las iniciativas fueron aprobadas en medio de lo que describen como una "creciente presión electoral", camino a las elecciones legislativas de octubre.
El debate que viene en el Congreso
Con los decretos ya publicados, ahora el Congreso tiene la posibilidad de rechazar el veto. Para eso, se necesita una mayoría de dos tercios de los presentes en cada cámara. El oficialismo, sin embargo, es optimista: en La Libertad Avanza calculan que contarán con más de 80 votos negativos, cifra suficiente para bloquear el rechazo.
La sesión de Diputados prevista para el miércoles incluirá además otros temas sensibles, como el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan, la situación del Sistema Nacional de Ciencia y la revisión de decretos que afectan organismos como INTA, INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, Vialidad y la Marina Mercante.
Los gobernadores, la clave política
En paralelo, la Casa Rosada negocia con los gobernadores una salida política para mantener los vetos. Según trascendió, el Ejecutivo podría ofrecer fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cambio de apoyo en la votación. Aún no se definió el monto, pero la estrategia apunta a garantizar un piso de legisladores que sostenga la decisión presidencial.
Los mandatarios provinciales también reclaman una redistribución del impuesto a los combustibles líquidos, que podría ingresar al debate de los próximos días.
Qué puede pasar
El oficialismo se juega una pulseada clave con este triple veto. Si la oposición logra reunir los dos tercios necesarios en al menos una de las cámaras, podría restituir las leyes. Si no lo logra, quedará consolidada la decisión de Milei.
El desenlace dependerá del número de ausencias, abstenciones y negociaciones de último momento, tanto con bloques provinciales como con algunos diputados díscolos. Mientras tanto, millones de jubilados, personas con discapacidad y quienes esperan acceder a la jubilación sin aportes suficientes siguen a la espera de una definición política que determinará su futuro inmediato.
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