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17 de marzo de 2015 - 10:19

Caso Blaquier: familiares rechazaron la sentencia

Tras el fallo dictado por la Cámara de Casación el viernes pasado en el que se revoca el procesamiento contra Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, familiares de desaparecidos manifestaron su absoluto rechazo ante esta medida.

Inés Peña, familiar de desaparecidos, expresó que la decisión de la Cámara de Casación es “un cahetazo judicial para todos los organismos de DDHH que hace 40 años venimos exigiendo que se haga justicia”.

Además agregó “consideramos que es una medida totalmente injusta por parte de la Cámara de Casación Penal y queremos denunciar que nuevamente algunos sectores de la corporación judicial, buscan instalar la impunidad en nuestro país”.

Por último entre sus declaraciones, Peña sostuvo que la única manera de sortear este obstáculo es la organización, la solidaridad y la lucha de todos, y que ésta es la única manera de afianzar el sistema democrático en nuestro país.

Por su parte, el administrador general del Ingenio Ledesma Federico Gatti, trasmitió el agradecimiento del Dr. Blaquier y dio lugar a los abogados, Jorge Valerga Aráoz y Horacio Aguilar, para que comentaran los detalles del estado de la causa.

“En Ledesma recibimos la noticia con gran satisfacción y tranquilidad, porque lo que hace este fallo es reafirmar lo que veníamos sosteniendo desde un principio: que ni la empresa ni su directorio tuvieron nada que ver con los trágicos sucesos de la dictadura”, detalló Gatti.

El administrador del Ingenio Ledesma expresó también el “agradecimiento del Dr. Carlos Pedro hacia los más de 7 mil trabajadores de la empresa, a la comunidad de Jujuy en general y a las comunidades de El Talar, Calilegua, Libertador, Caimancito, El Piquete, Yuto y Fraile Pintado en particular. También a los medios de Jujuy por el tratamiento que le han dado a la información a lo largo del proceso”.

Para la empresa, según enunció Gatti, esta situación “renueva el compromiso asumido con Jujuy de seguir invirtiendo, creciendo y apostando al trabajo no sólo para ser líderes en la producción, sino también a ser líderes en la vinculación con la comunidad”.

Seguidamente, Jorge Valerga Araoz, abogado defensor de Blaquier, hizo una reseña de la evolución de la causa y dijo que resta “un sobreseimiento personal de Lemos y Blaquier, porque el vínculo que los unía a los expedientes procesalmente han sido echados por tierra con este fallo contundente de la Cámara de Casación”.

Valerga Aráoz, que integró el tribunal que juzgó a las juntas militares durante la presidencia de Alfonsín, comentó que desde que leyó el expediente de esta causa al tomar el caso supo que se estaba cometiendo una injusticia, y por ello aceptó ejercer la defensa de Blaquier.

Consultados por el procedimiento a seguir, los abogados relataron que tras el dictamen de Casación la causa vuelve al Juzgado Federal de Jujuy, para que dicte un fallo firme. En este sentido, consultados por los posibles recursos con los que cuenta la querella, los abogados consideraron que la Cámara da lugar a que la querella presente nuevas pruebas, ya que las existentes no acreditan mérito para ser elevadas a juicio. “A nuestro entender”, precisó Valerga Aráoz, “una apelación extraordinaria no tendría lugar porque un dictamen de falta de mérito indica que no hay pruebas contra los acusados”.

En paralelo al dictamen de falta de mérito de Casación, la Cámara también dictaminó la ilegalidad de la designación del abogado Pablo Pelazzo como fiscal ad hoc en la causa. Horacio Aguilar, el otro abogado de Blaquier, comentó: “La Cámara Federal de Salta ya había dictaminado la ilegalidad de la designación del fiscal Pelazzo, ahora la Cámara de Casación confirmó esta ilegalidad, por lo cual él ya no puede seguir interviniendo en esta causa”.

Aguilar también habló de las cifras manejadas en la causa: “A la opinión pública se ha intentado confundirla diciendo que hubo 400 víctimas, pero la verdad es que entre las causas Burgos y Aredez hubo en total 42 víctimas, 9 de los cuales eran empleados de la empresa. Seis de ellas recuperaron la libertad y 5 volvieron a trabajar a la empresa, lo que demuestra a las claras que no había ningún interés por parte de la empresa de causarles algún daño”.

Finalmente, Aguilar reclamó por el avance de la causa que se abrió en relación  a estas investigaciones de lesa humanidad en Jujuy y actualmente está frenada: el atentado sufrido por Blaquier cuando se presentó a declarar ante el juez Fernando Poviña, en 2012. Ese día, un grupo de personas que lo esperaba a la entrada del juzgado atacó su auto con piedras y palos de hierro, lo que obligó a suspender la audiencia. Blaquier salvó su vida porque el auto estaba blindado.

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