“Por directivas del gobernador, cada vez que un juez promueva una acción penal en donde estén comprometidos los intereses del estado, nos vamos a constituir como querellantes”, así lo afirmó ayer el fiscal de Estado, Mariano Miranda.
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El gobierno se constituyó como querellante
En el marco de la ampliación de denuncia por las irregularidades en la construcción de viviendas por parte de la asociación social Tupac Amaru, Miranda sostuvo que “esta es una de las causas donde una vez que esté promovida la acción penal nos vamos a constituir como querellantes para poder seguir de cerca los pasos procesales correspondientes”.
Así también recordó que la mecánica de la organización para quedarse con los fondos públicos fue la misma en todo el país; “en el caso concreto de Jujuy era a través de cooperativas y a nivel nacional se utilizaban empresas amigas de los gobernantes nacionales”, aseveró.
“La metodología tiene que ver con obras que no se hicieron y las cuales logramos certificar que fueron pagadas en su totalidad”, agregó.
Mariano Miranda sostuvo también que se está investigando para saber hasta donde llega el nivel de responsabilidad de estas acciones en Jujuy, y dijo que se puso a disposición de la justicia todos los expedientes en los cuales se detectó el faltante de obras que fueron pagadas.
“Aquí no sólo hay responsabilidad por parte de funcionarios provinciales sino también de funcionarios nacionales, quienes autorizaron la remisión de fondos para la construcción de esas viviendas”, afirmó.
El fiscal de Estado adelantó además que “sabemos que no hubo un control por parte del Instituto de Vivienda ni tampoco de la sub secretaría de ordenamiento territorial de la nación”.
Estructura delictiva
“Entiendo que acá hay una estructura mucho más importante”, sostuvo Miranda en cuanto a los detenidos en este proceso; “de todas maneras las detenciones las va a resolver el juez que entiende en la causa”.
“Nosotros aportamos los elementos probatorios que están a nuestro alcance y si, en base a esas pruebas meritua que debe proceder a la detención de una persona, así lo va a establecer”, dijo el funcionario provincial.
En relación a las denuncias que realizaron algunos intendentes sobre estas irregularidades en sus comunas, y sobre el rol que tuvieron los mismos en este proceso, sostuvo que “hay denuncias puntuales, como es el caso de Calilegua, donde la intendente contó cual era la mecánica que tenían tanto los funcionarios provinciales como nacionales y las organizaciones sociales para quedarse con los fondos públicos”.
Allí quedo en evidencia también la imposibilidad de poder controlar el avance de las obras; “en Calilegua, por ejemplo, faltan construir 138 viviendas las cuales han sido pagadas en su totalidad”, denunció.