El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia reiteró su pedido de prisión perpetua para Tomás Exael Fernández, condenado por el femicidio de Iara Sabrina Rueda, la adolescente de 16 años asesinada con extrema violencia en 2020. A través de un recurso de inconstitucionalidad, el Procurador General, Dr. Sergio Enrique Lello Sánchez, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que revise la sentencia que redujo la pena a 15 años por aplicación del régimen penal juvenil.
La presentación sostiene que la reducción de pena, basada en el artículo 41 de la Ley 22.278 por la edad del imputado al momento del hecho, fue arbitraria e injustificada, considerando la gravedad del delito y el contexto de violencia de género.
Un crimen que conmocionó a la sociedad jujeña
Tomás Exael Fernández fue condenado como autor del delito de homicidio triplemente agravado, en virtud de tres factores: la relación de pareja preexistente con la víctima, la alevosía con que se cometió el crimen, y el hecho de tratarse de un femicidio, es decir, un asesinato mediado por violencia de género. Estos agravantes se encuentran contemplados en el artículo 80 del Código Penal de la Nación.
El asesinato de Iara generó un profundo impacto social y motivó la sanción de la Ley Provincial N.º 6186, que declaró la Emergencia Pública en Materia de Violencia de Género en Jujuy.
Críticas a la interpretación judicial y defensa del derecho de las víctimas
En su escrito, el Procurador General cuestionó la aplicación automática de la reducción de pena y el uso de jurisprudencia sin considerar el caso particular. Afirmó que el tribunal no valoró adecuadamente la brutalidad del hecho ni los derechos de la víctima y su familia. “No hubo ponderación proporcional entre el daño causado y la respuesta penal”, expresó Lello Sánchez.
Además, remarcó que la prisión perpetua no es inconstitucional para menores de 18 años si existe posibilidad de excarcelación, tal como prevé el artículo 13 del Código Penal argentino. “Pretender que toda pena perpetua a menores es inconstitucional es desconocer el texto mismo de los tratados internacionales”, agregó.
Reclamo por una audiencia pública y el derecho a ser oídos
El recurso también critica que durante el proceso no se haya convocado a una audiencia pública, lo que impidió que los padres de Iara fueran escuchados ante la Corte, vulnerando sus derechos como familiares de la víctima.
“La familia de Iara no fue escuchada. Sus derechos como deudos fueron invisibilizados. Una sentencia que no contempla el dolor irreparable de una familia, que no valora adecuadamente el contexto de violencia de género y que aplica una reducción automática sin fundamentos, no puede ser considerada justa ni constitucional”, sostuvo el titular del MPA.
Un pedido por justicia proporcional y con perspectiva de género
El Ministerio Público reafirmó su deber de defender la legalidad y el interés general, y remarcó que la pena debe ser proporcional al daño causado. Citando doctrina nacional e internacional, el recurso sostiene que solo una condena de prisión perpetua reflejaría adecuadamente la gravedad del crimen y el impacto sobre la sociedad.
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