En recientes declaraciones, el subsecretario de la Unión de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió sobre la posibilidad de convocar a una huelga a nivel sectorial el próximo lunes si el gobierno nacional no ratifica el reciente acuerdo salarial alcanzado entre el sindicato y los empresarios, que contempla un incremento del 45% en dos etapas: 25% en marzo y 20% en abril. Este escenario podría repetirse en otros sindicatos.
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Pablo Moyano presiona y anunció un posible paro de Camioneros el lunes
“No se va a mover una hoja en todo el país”, dijo. El objetivo de Pablo Moyano y la CGT es que se homologue el último acuerdo salarial con los empresarios.
“Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, señaló Moyano en diálogo con C5N.
El convenio alcanzado por el sindicato de Camioneros excede el límite establecido por el Ministerio de Economía para mitigar las expectativas inflacionarias. El gremio maneja los plazos: si 30 días después de la declaración del acuerdo no se produce la aprobación oficial, se considerará como "implícitamente homologado".
De acuerdo con lo estipulado en la Ley 23.546, la cual establece las pautas de procedimiento para las negociaciones colectivas. Aunque la última negociación salarial fue suscrita el 23 de febrero pasado, aún no ha sido homologada de manera implícita, ya que una de las cámaras empresariales ha objetado el acuerdo ante la Secretaría de Trabajo.
La homologación del acuerdo salarial de Camioneros aún no ha sido comunicada desde la Secretaría de Trabajo, dirigida por el abogado Julio Cordero. Consultados por Infobae, portavoces oficiales se limitaron a responder: “Ese acuerdo está en revisión jurídica porque tiene varios cuestionamientos”.
¿Cuáles son esos cuestionamientos? La negociación se ha complicado debido a tensiones internas en la FADEEAC: cuatro de las asociaciones regionales (Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan) han objetado el acuerdo ante la Secretaría de Trabajo, argumentando que la inclusión de pagos adicionales y un aporte extraordinario para la obra social fue realizada “de manera inconsulta”. Este aporte asciende a $10,000 por trabajador para “para solventar el déficit del sindicato”. Dado que hay 200,000 afiliados, esto representa un total de 2000 millones de pesos mensuales para las arcas sindicales.
Abril, un mes de conflictividad gremial
La oposición al plan de ajuste del Gobierno y las restricciones salariales llevarán a una intensificación de las acciones de protesta por parte de varios sindicatos este mes. Ante la creciente presión, la CGT determinará la fecha de una segunda huelga general desde que Javier Milei asumió el cargo.
Ayer, miércoles, se dio la primera respuesta del movimiento sindical en abril con la jornada de protesta nacional promovida por ATE, en repudio a los despidos ocurridos en varios ministerios públicos. Además, los líderes principales instaron a los secretarios generales de la central obrera a coordinar una acción conjunta.
Por otro lado, la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) tiene programadas para abril “asambleas programadas simultáneas en los sectores de trabajo”, una táctica que equivale a un paro encubierto. Ante unos 400 representantes de ferroviarios, aeronáuticos, camioneros, marítimos y taxistas, el secretario adjunto de dicha organización, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), reconoció que se llevarán a cabo asambleas "de 7 a 10 horas", lo que implicará "interrupciones en los servicios" como un primer paso hacia medidas de mayor envergadura. Y señaló: “La pelea la tenemos que ganar con inteligencia. No vamos a hacer nada con un solo paro”.
Es probable que se produzcan más huelgas si la Secretaría de Trabajo retrasa la aprobación de los convenios salariales que exceden el límite del 15% establecido por Economía.
Entretanto, el bloque predominante dentro de la CGT evalúa cuidadosamente el momento oportuno para convocar a otro paro general en protesta contra el Gobierno (sería el segundo después de la huelga de 12 horas con movilización del 24 de enero pasado). Sin embargo, la intensa influencia ejercida por varias facciones sindicales podría acelerar la decisión de establecer rápidamente la fecha de una nueva medida de protesta.
Según lo anticipado por colegas de Infobae, los miembros más propensos al diálogo dentro de la CGT posponen la toma de una decisión respecto a otra acción de protesta. Esto se debe, por un lado, a la espera de señales que indiquen una posible invitación al diálogo por parte del Secretario de Trabajo, Julio Cordero. Por otro lado, consideran necesario esperar a que aumente el descontento social para asegurar una adhesión masiva a la protesta. Sin embargo, en privado, expresan dudas sobre esta estrategia, ya que observan con preocupación las encuestas que continúan mostrando una imagen favorable de Milei.
Por otro lado, la facción moderada dentro de la CGT busca aumentar la influencia sobre los gobernadores y los legisladores con el objetivo de sabotear la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 y la Ley Bases (que contempla la restauración del Impuesto a las Ganancias) en el Congreso. Los líderes de este grupo se atribuyen parte del reconocimiento político por haber logrado que el Senado rechazara el decreto emitido por Milei.
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