El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, impulsó una denuncia penal contra los manifestantes detenidos por los incidentes ocurridos este jueves 15 de octubre durante la quinta Marcha Federal Universitaria, en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
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Incidentes en el Congreso: el Gobierno denunció penalmente a manifestantes detenidos
Tras los incidentes en el Congreso, el Gobierno denunció a manifestantes. Hubo 25 detenidos, ocho efectivos heridos y daños por $90 millones.
La jornada, que comenzó con una movilización en defensa de la educación pública y el financiamiento universitario, terminó con enfrentamientos entre grupos de manifestantes y fuerzas de seguridad. El saldo fue de 25 personas detenidas, ocho efectivos lesionados y daños en el espacio público estimados preliminarmente en 90 millones de pesos.
El Ministerio de Seguridad trabaja en la presentación judicial y recopila imágenes y videos para identificar a los presuntos responsables de las agresiones y los destrozos.
Qué delitos les atribuye el Gobierno a los manifestantes
La denuncia penal contempla los delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.
Según la presentación del Ministerio de Seguridad, algunos de los involucrados habrían actuado con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. También sostiene que dañaron bienes públicos para obtener objetos contundentes que posteriormente arrojaron contra integrantes de las fuerzas federales.
Uno de los puntos centrales de la acusación es que los disturbios ocurrieron mientras el Congreso tenía prevista una sesión legislativa.
En ese sentido, el Gobierno plantea como hipótesis que los hechos habrían buscado obstaculizar, de manera parcial o total, la actividad parlamentaria.
Estas circunstancias forman parte de las acusaciones oficiales y deberán ser evaluadas por la Justicia.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, acusó a los manifestantes a por los enfrentamientos registrados durante la Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso del Congreso de la Nación.
Hubo 25 detenidos y un menor de 14 años involucrado
Los enfrentamientos se extendieron durante más de dos horas en las calles cercanas al Congreso y dejaron al menos 25 personas detenidas.
Entre los casos registrados se encuentra el de un adolescente de 14 años, aprehendido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre.
Según la información policial, el menor fue sorprendido cuando arrojaba piedras contra un móvil de la fuerza.
Ante esta situación, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, que dispuso dar participación al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para abordar el procedimiento conforme a la normativa aplicable a menores de edad.
Ocho efectivos de las fuerzas federales resultaron heridos
Los incidentes también dejaron ocho integrantes de las fuerzas de seguridad con lesiones durante el operativo desplegado en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
El detalle de los efectivos afectados es el siguiente:
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Gendarmería Nacional: cuatro agentes heridos.
Prefectura Naval Argentina: dos efectivos lesionados.
Policía Federal Argentina: dos integrantes heridos.
De acuerdo con la denuncia, los uniformados recibieron piedras y otros objetos contundentes durante distintos momentos de la jornada.
Las autoridades señalaron que las agresiones provinieron de grupos que se desprendieron de la columna principal de manifestantes y protagonizaron los enfrentamientos de mayor intensidad.
Los destrozos en la Plaza de los Congresos alcanzaría los $90 millones
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una evaluación preliminar de los daños ocasionados durante los incidentes y estimó que las pérdidas materiales ascienden a 90 millones de pesos.
Entre los sectores afectados se encuentran el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y los espacios verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores.
Las autoridades deberán determinar el alcance definitivo de los daños y establecer las responsabilidades correspondientes.
El Ministerio de Seguridad recopila videos para identificar a los responsables
En paralelo a la denuncia, el Ministerio de Seguridad avanza en la recolección de material audiovisual registrado durante los enfrentamientos.
Las imágenes de cámaras y los registros fotográficos serán utilizados como elementos de prueba para intentar identificar a las personas que participaron de las agresiones contra las fuerzas de seguridad y de los daños al espacio público.
La documentación también permitirá reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las posibles responsabilidades individuales.
La marcha universitaria terminó con enfrentamientos frente al Congreso
Los incidentes se produjeron durante la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de la legislación correspondiente.
La movilización también incluyó reclamos vinculados con la emergencia en discapacidad.
Los enfrentamientos comenzaron después de que fracasara la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados, que no consiguió reunir el quórum necesario para debatir distintos proyectos.
Durante la tarde, grupos de manifestantes y efectivos de seguridad protagonizaron choques en las inmediaciones del Congreso.
En tanto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) se desligó de los incidentes y reiteró su pedido al Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
La Justicia deberá determinar las responsabilidades por los incidentes
Con la denuncia penal impulsada por el Ministerio de Seguridad, la investigación buscará establecer quiénes participaron de los hechos y qué responsabilidades penales podrían corresponderles.
El Gobierno sostiene que existieron agresiones deliberadas contra las fuerzas federales y daños al patrimonio público, además de una presunta intención de interferir en la actividad legislativa.
La evaluación de las pruebas audiovisuales, los testimonios y los informes sobre los daños será fundamental para determinar la situación de cada persona involucrada.
La investigación judicial deberá establecer si las conductas denunciadas configuran los delitos atribuidos por el Gobierno y quiénes fueron sus responsables.
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