El Ministerio de Educación y Trabajo provincial intervino ante la denuncia por la circulación de fotos íntimas de una adolescente del Colegio Pía Doménico, un episodio que estuvo acompañado por nuevos hechos de acoso escolar y que derivó en tres investigaciones judiciales.
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Ordenan una auditoría al Colegio Pía Didoménico por la difusión de fotos íntimas y acoso escolar
Dispusieron una intervención extraordinaria y un sumario administrativo por 30 días, en medio de un caso que derivó en tres investigaciones.
Frente a este escenario, las autoridades educativas resolvieron llevar adelante una auditoría en el nivel secundario de la institución. El procedimiento buscará mejorar la convivencia dentro de la institución, brindar contención a los alumnos y sus familias, controlar la aplicación de los protocolos de protección y garantizar que los estudiantes puedan continuar con su recorrido escolar.
La ministra Verónica Soria dispuso implementar distintas acciones a partir de este día, que deberán desarrollarse dentro de un período de 30 días. Entre las decisiones adoptadas, estableció una intervención ministerial excepcional destinada a brindar acompañamiento y supervisar el funcionamiento institucional del nivel secundario del Colegio Privado Pía Didoménico.
La medida se incorpora al procedimiento administrativo que la cartera educativa había puesto en marcha con anterioridad, cuyo objetivo es analizar posibles sanciones para el establecimiento y establecer qué responsabilidades organizativas le corresponden en materia de protección de la comunidad educativa.
La decisión de las autoridades provinciales llega luego de una sucesión de episodios que trascendieron públicamente y que dieron lugar a dos procesos paralelos: uno en el ámbito judicial y otro en la esfera administrativa.
En el plano penal, la Fiscalía Penal Juvenil formuló cargos contra tres adolescentes, señalados por ingresar sin autorización al celular de una compañera y difundir masivamente fotografías de carácter íntimo.
En paralelo, la Fiscalía Penal de Séptima Nominación, especializada en delitos informáticos, lleva adelante una investigación a partir de la denuncia por presuntos hechos de hostigamiento y amenazas contra una estudiante mayor de edad, que ya cumplió 18 años. A esta causa se incorporó una nueva presentación judicial relacionada con daños ocasionados en el domicilio de la joven.
Luego de que el caso adquiriera repercusión pública y de las protestas protagonizadas por familiares y alumnos frente al establecimiento, las autoridades del colegio difundieron comunicados en los que aseguraron haber respondido rápidamente mediante la aplicación de los protocolos de convivencia escolar.
No obstante, las autoridades del establecimiento admitieron más adelante que, aunque ciertos incidentes ocurrieron fuera de la escuela, el origen de estas situaciones estuvo vinculado con las relaciones y la convivencia diaria dentro de la institución.
Sumario
El Ministerio de Educación había intimado al colegio a entregar, en un plazo de 24 horas, un reporte pormenorizado sobre lo sucedido y, además, puso en marcha una investigación administrativa. Frente a las circunstancias identificadas, la ministra Soria ordenó que un equipo especial se presentara en las instalaciones escolares para llevar adelante la intervención.
La disposición establece los principales lineamientos y el procedimiento que se seguirá durante esta intervención excepcional. La tarea estará bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Mediación Escolar, que tendrá a su cargo la formación de un grupo interdisciplinario de carácter transitorio, integrado por especialistas externos al colegio para asegurar una actuación objetiva e imparcial.
Asimismo, la normativa especifica que esta intervención no supone apartar de sus funciones a los directivos ni reemplazar a la entidad responsable de la institución. Ambas partes conservarán las obligaciones y responsabilidades legales que les corresponden.
El grupo de especialistas tendrá a su cargo examinar el clima de convivencia en la escuela y analizar las estrategias institucionales implementadas en materia de organización, enseñanza y protección de la comunidad educativa. También podrá solicitar registros, documentos, actas, pactos de convivencia y reportes, detectar eventuales irregularidades o información faltante y generar instancias de diálogo individual con alumnos, familiares y profesores.
Según se informó, las entrevistas se llevarán a cabo sin la participación de directivos escolares y, de ser necesario, en un lugar ajeno a la institución, con el propósito de prevenir posibles presiones y evitar que los afectados vuelvan a atravesar situaciones traumáticas. A su vez, se controlarán las condiciones de resguardo de los estudiantes en las áreas compartidas y durante los intercambios dentro del colegio, y se garantizará una vía de contacto y denuncia directa.
En este contexto, las autoridades y los representantes legales del Colegio Pía Didoménico tendrán que garantizar el ingreso irrestricto a las instalaciones y facilitar los archivos requeridos, además de disponer de lugares apropiados para las entrevistas y nombrar a una persona como nexo de comunicación.
El operativo se extenderá durante un período inicial de 30 días consecutivos y contará con un control detallado de su desarrollo. Por otra parte, los datos personales y toda la información recopilada estarán sujetos a estricta confidencialidad, con el fin de proteger la privacidad, la identidad y la integridad de los alumnos involucrados.
Protocolo
La intervención se desarrolla en el marco de la Resolución Ministerial N.º 233/2022, normativa que dio aprobación al Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas, cuya aplicación alcanza tanto a las escuelas públicas como a las privadas.
El documento fija pautas para actuar ante este tipo de episodios, brindar asistencia mediante equipos de distintas disciplinas, garantizar la protección de los derechos y coordinar acciones con los organismos correspondientes.
Para las autoridades educativas, el episodio de violencia digital que trascendió públicamente constituye un conflicto grave en el ámbito de la convivencia escolar que exige la intervención del establecimiento. Por este motivo, consideran indispensable asegurar las condiciones que permitan garantizar plenamente el derecho de los estudiantes a recibir educación.
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