El Ministerio de Capital Humano y la ANSES presentaron una demanda ante la Justicia Civil y Comercial Federal para que Amado Boudou, exvicepresidente de la Nación, devuelva $236.066.031,25 cobrados por su jubilación de privilegio, suma que podría incrementarse por actualizaciones. El reclamo se produce luego de que, en noviembre de 2024, el Gobierno revocara el beneficio tras la confirmación de su condena por corrupción en la causa Ciccone.
¿Qué le reclama el Gobierno a Boudou?
El Gobierno exige la devolución de todos los haberes percibidos por Boudou en concepto de asignación mensual vitalicia, beneficio que le fue otorgado en junio de 2020 por su condición de exvicepresidente. La demanda sostiene que el cobro fue indebido, ya que la jubilación de privilegio es incompatible con una condena por delitos contra la administración pública cometidos en ejercicio de la función pública. La revocación de la prestación, según la resolución de ANSES, tiene efectos retroactivos: no solo se le quitó el beneficio, sino que ahora se reclama la devolución de lo ya cobrado.
La presentación y el proceso judicial
La demanda fue presentada por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES ante la Justicia Civil y Comercial Federal. El reclamo formal asciende a $236.066.031,25 más la actualización correspondiente. La Justicia ya ordenó correr traslado de la demanda, mientras que una medida cautelar solicitada por Boudou para frenar la devolución fue rechazada.
Antecedentes: la condena y la quita del beneficio
Amado Boudou fue condenado en agosto de 2018 por el Tribunal Oral Federal N°4 a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa Ciccone. La condena fue confirmada por la Cámara de Casación Penal en julio de 2019 y ratificada por la Corte Suprema en diciembre de 2020, quedando así firme.
Pese a la condena, Boudou recibió la jubilación de privilegio en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. El beneficio fue revocado en noviembre de 2024 por resolución de ANSES, bajo el argumento de que la condena por corrupción lo hacía inadmisible, ya que la ley que regula estas asignaciones permite su denegación o revocación ante delitos cometidos en perjuicio del Estado Nacional.
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