Removieron a Gastón Salmain como juez federal de Rosario y ya puede ser detenido

La destitución del juez

La remoción de Gastón Salmain fue aprobada por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento. El cuerpo estuvo conformado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

El planteo acusatorio, impulsado por los consejeros Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre, fundamentó la solicitud de destitución en dos imputaciones contra el magistrado.

La primera señalaba que Salmain habría acordado el pago de un soborno con el financista Fernando Whpei, a través del operador judicial Santiago Busaniche, para emitir resoluciones favorables al fideicomiso Attila.

De acuerdo con la hipótesis de la investigación, Salmain habría firmado una resolución cautelar que permitió transferir 10 millones de dólares a cuentas del exterior al valor oficial de la divisa, en un contexto de restricciones cambiarias y una marcada diferencia con las cotizaciones paralelas. A cambio de esa decisión, presuntamente habría recibido un soborno de 200 mil dólares.

Qué argumentan los acusadores

Los acusadores sostuvieron que el magistrado incumplió las reglas específicas que rigen los amparos contra el Estado, ya que dictó la medida sin tener competencia territorial, no exigió una contracautela efectiva y rechazó otorgarle efecto suspensivo a la apelación interpuesta por el Banco Central.

En la resolución, el tribunal de enjuiciamiento consideró que el supuesto acuerdo para cobrar una coima “no se presentó como una conducta establecida, sino como la conclusión provisoria” a la que llegó el procesamiento, dentro de un expediente que todavía atraviesa la etapa de instrucción.

Para justificar el rechazo de las imputaciones vinculadas con el caso Attila, los integrantes del jury argumentaron que destituir a un magistrado basándose en una hipótesis bajo investigación “exigiría tomar como propia la valoración del juez penal”.

La segunda acusación estuvo relacionada con el concurso mediante el cual Salmain obtuvo su cargo judicial en mayo de 2023. Según los representantes de la acusación, el magistrado no incluyó en sus antecedentes laborales su paso por el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8 y, especialmente, omitió informar que la Corte Suprema de Justicia lo había cesanteado en 2002.

Esa resolución se produjo después de que una trabajadora judicial lo acusara de sugerirle manipular el mecanismo de sorteo de causas para favorecer a un estudio jurídico privado con el que mantenía vínculos laborales. Según la denuncia, Salmain ofreció pagar un soborno para concretar esa maniobra. Los acusadores sostuvieron que la omisión de este antecedente privó al Consejo de la Magistratura y al Senado de información relevante para analizar su integridad moral antes de designarlo en el cargo.

La representación legal del juez, a cargo de los abogados José Manuel Ubeira y Yamil Castro Bianchi, negó enfáticamente los dos cargos formulados en su contra y afirmó que las acusaciones no cuentan con pruebas que las respalden.

En cuanto al expediente conocido como «Attila», el magistrado Salmain afirmó que no participó de manera personal en la redacción del documento legal, una responsabilidad que asignó a la secretaría del tribunal. Aclaró que el dictamen se estructuró tomando como antecedente una sentencia anterior de la Cámara Federal rosarina dentro de un expediente análogo titulado «Comunicación III».

Por otro lado, la defensa cuestionó la veracidad de los dichos del empresario Fernando Whpei, el operador financiero que aportó testimonio como imputado colaborador en la causa judicial y señaló al juez. Los letrados subrayaron la ausencia total de comunicaciones telefónicas, textos o grabaciones fílmicas que certifiquen encuentros presenciales entre Salmain y Whpei.

Con el fin de respaldar este planteo, aportaron las declaraciones de trabajadores del tribunal que aseguraron no haber presenciado jamás la visita del financista a la sede judicial, al tiempo que exhibieron los informes oficiales de la Prefectura Naval Argentina, en los cuales no consta entrada alguna del inversor al juzgado rosarino.

El ocultamiento de sus antecedentes

Respecto al ocultamiento de sus antecedentes, los letrados defensores argumentaron que la normativa de las convocatorias únicamente obliga a reportar los apercibimientos recibidos en el decenio más reciente, motivo por el cual una destitución acontecida hace más de veinte años no requería ser informada de forma preceptiva. Por su parte, Salmain precisó que su fugaz desempeño como empleado subalterno en la recepción de documentos no agregaba méritos a su postulación, razón por la cual decidió omitirlo en su hoja de vida.

Las alegaciones presentadas por los abogados defensores resultaron rechazadas por el Tribunal de Enjuiciamiento. “Entre 2016 y 2024 se inscribió en 33 concursos para la designación de magistrados ante el Consejo de la Magistratura”, señaló la resolución, “y en ninguno de ellos declaró aquel empleo, su terminación ni la sanción”.

El marco normativo “le exigía declarar ese empleo, certificar su fecha de egreso e indicar la causa del cese con independencia del puntaje y sin límite temporal”, añadió el fallo. Esa exclusión deliberada en su currículum “fue consciente”, concluyó el Tribunal. El acusado “decidió qué declarar y qué callar”.

“Esa conducta sostenida durante ocho años sustrajo al orden constitucional de selección una causal de inadmisibilidad y un dato esencial para la evaluación de su idoneidad, y quebrantó el deber de veracidad sobre el que descansa el sistema de concursos”, dictaminó el jurado de enjuiciamiento.