El miércoles 20 de noviembre de 2024, se anticipaba que el Congreso Nacional debatiera en sus últimos días de sesiones ordinarias el proyecto de ley “Ficha Limpia”, que busca restringir el acceso a puestos públicos a aquellos condenados por corrupción. No obstante, la sesión se suspendió por falta de quórum, dejando la discusión sin resolución.
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¿Qué es la ficha limpia? el proyecto que no prosperó por falta de quórum
El Congreso Nacional tenía previsto discutir la ley de "Ficha Limpia", una propuesta que busca combatir la corrupción y dio lugar a un extenso debate.
Aunque el proyecto figuraba en la agenda, solo se registraron 128 legisladores presentes a los 30 minutos de haber comenzado la sesión.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, rechazó la sugerencia del PRO de prorrogar 15 minutos el tiempo estipulado, lo que resultó en la suspensión de la sesión. Esta falta de acuerdo reflejó las complicaciones para avanzar en una normativa crucial para las elecciones venideras.
¿Qué es el proyecto de ley "Ficha Limpia"?
La iniciativa Ficha Limpia plantea que aquellos individuos condenados de manera definitiva por crímenes de corrupción queden inhabilitados para postularse en elecciones o asumir posiciones dentro de partidos políticos. También abarca situaciones con condenas en primera instancia, hasta que la sentencia sea anulada o se confirme.
El proyecto tiene como objetivo fortalecer los criterios de aptitud establecidos por la Constitución Nacional, en concordancia con acuerdos internacionales como las Convenciones de la ONU y la OEA contra la corrupción. Su puesta en marcha representaría un paso importante en la lucha contra la impunidad en la política.
Una herramienta contra la corrupción
La ley introduce en el ámbito penal la noción de reincidencia delictiva, tratando como un agravante la existencia de varios juicios penales abiertos al mismo tiempo. Esto posibilitaría un endurecimiento de las medidas cautelares, como la prisión preventiva, en los casos de corrupción bajo investigación.
Regiones como Mendoza, Salta y Chubut ya han implementado normativas similares, lo que refuerza el llamado a una legislación a nivel nacional. No obstante, el reto persiste en alcanzar un acuerdo dentro del Congreso para su ratificación.
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