El Reino Unido pondrá en marcha un programa que incluye fármacos destinados a disminuir el impulso sexual de ciertos delincuentes sexuales. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de acciones para evitar que reincidan y para descomprimir un sistema carcelario que enfrenta una grave falta de plazas.
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Reino Unido informó que aplicará castración química a delincuentes sexuales
La técnica será implementada en una veintena de establecimientos penitenciarios. Aseguraron que podría generar una baja del 60% en los casos de reincidencia.
Durante una intervención en el Parlamento, tras difundirse un informe independiente sobre sentencias, la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, anunció que el tratamiento, conocido como castración química, se aplicará en 20 establecimientos penitenciarios distribuidos en dos zonas del país.
“Estoy explorando si es posible imponer este enfoque”, expresó. “Por supuesto, es vital que este enfoque se implemente junto con intervenciones psicológicas que aborden otras causas de la delincuencia, como la afirmación del poder y el control”.
Aunque el informe señaló que este tipo de intervención no sería adecuada para todos los ofensores —en especial para quienes cometen abusos impulsados por la necesidad de someter a sus víctimas más que por un deseo sexual—, Mahmood subrayó que hay investigaciones que indican que esta estrategia puede disminuir la reincidencia en un 60%.
La castración química ya fue usada en otros países
Este tipo de tratamiento ya fue empleado en países como Alemania y Dinamarca de manera opcional, mientras que en Polonia se ha impuesto de forma obligatoria para ciertos condenados.
El informe del exministro de Justicia de Reino Unido que impulsó la medida
La propuesta surgió a partir de un informe exhaustivo encabezado por David Gauke, exministro de Justicia, quien además de enfocarse en estrategias para disminuir la reincidencia, planteó la necesidad de actualizar un sistema carcelario que se encuentra prácticamente colapsado por la superpoblación.
Una de las primeras decisiones que tomó Shabana Mahmood al asumir el cargo, tras el retorno del Partido Laborista al gobierno en julio pasado luego de 14 años, fue autorizar un esquema de excarcelación anticipada con el fin de descomprimir las prisiones. Según declaró, no desea repetir esa medida, motivo por el cual impulsó la revisión y eligió a un exfuncionario conservador para liderar el proceso de evaluación.
El informe propuso que los reclusos pudieran abandonar las cárceles antes del plazo establecido y que los magistrados contaran con mayor margen para aplicar penas alternativas, como la suspensión del permiso de conducir. Asimismo, se planteó la eliminación de las condenas inferiores a un año, excepto en situaciones puntuales como agresiones dentro del ámbito doméstico.
Además, sugirió que los ciudadanos extranjeros que reciban sentencias de hasta tres años sean expulsados del país de manera inmediata.
La revisión también instó a destinar más recursos al sistema de libertad condicional, con el objetivo de que los agentes puedan dedicar más tiempo al acompañamiento y reinserción de quienes delinquieron, al tiempo que reclamó financiamiento adicional para monitorear electrónicamente a los miles de individuos que cumplen su condena fuera de prisión.
En respuesta, Mahmood comprometió una asignación anual de 700 millones de libras (equivalente a unos 930 millones de dólares) para fortalecer el área de libertad condicional en los próximos años. “Si el gobierno no destina los recursos necesarios a la libertad condicional, el riesgo es que no avancemos en la rehabilitación que necesitamos y habrá una reacción pública en contra”, dijo Gauke.
En las últimas tres décadas, el número de personas privadas de libertad en Inglaterra y Gales se ha duplicado, acercándose a los 90.000 internos. Este crecimiento se ha producido a pesar de la baja en los índices delictivos y responde, en parte, a la tendencia de aplicar penas más extensas como respuesta a la demanda social de mayor firmeza frente al crimen.
Desde la oposición, Robert Jenrick, vocero de Justicia del Partido Conservador, manifestó su total rechazo a las iniciativas propuestas y alertó que suprimir las condenas breves implicaría, en los hechos, dejar sin castigo infracciones como el robo, los hurtos o las agresiones. Además, cuestionó la efectividad del monitoreo electrónico, comparándolo con alarmas de incendio que solo actúan cuando el fuego ya se ha iniciado.
El Ejecutivo, más allá de estar abierto a reformas, también anunció una ambiciosa iniciativa para edificar nuevas unidades penitenciarias, con el objetivo de sustituir instalaciones antiguas que datan de la era victoriana, a fines del siglo XIX.
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