El trámite para obtener la ciudadanía española por parte de descendientes de exiliados, en el marco de la Ley de Memoria Democrática, provocó una situación sin precedentes: el Consulado General de España en Buenos Aires recibió más de 645.000 solicitudes, lo que generó un fuerte colapso administrativo en su funcionamiento.
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Ciudadanía española: colapso en Buenos Aires por la avalancha de pedidos y cambios en el trámite
Más de 645 mil solicitudes saturaron el consulado, que avanza con la tercerización de expedientes mientras se prevén demoras prolongadas en el trámite.
El alto nivel de demanda, cuyo plazo de presentación de documentos vencía el 22 de octubre del año pasado, se explicó también por una extensión de 365 días dispuesta por el gobierno español para hacer frente al volumen récord de trámites que había impulsado la normativa.
Frente al aluvión de solicitudes, el Consejo de Residentes Españoles informó que, tanto las áreas centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación como el propio consulado, resolvieron externalizar la carga de los expedientes en formato papel al registro civil digital, con el objetivo de acelerar esta etapa del proceso.
“En estos momentos se están cerrando con Madrid los detalles operativos de este nuevo sistema, que en breve entrará en vigor”, señalaron fuentes consulares.
Un récord de solicitudes y medidas para abordar la saturación
Hasta el 31 de julio de 2025, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática había contabilizado 876.321 pedidos de ciudadanía española en todo el mundo bajo esta ley, de los cuales 366.579 pertenecían a residentes en Argentina. Esto equivale al 42% del total global, con 174.277 argentinos que ya lograron obtener la nacionalidad.
El volumen de expedientes generados por esta normativa también es significativo: la documentación acumulada alcanza cerca de 56 toneladas de papel.
Si se toma como parámetro la experiencia de la Ley de Memoria Histórica —que permitió resolver unos 60.000 casos en una década—, se estima que, al ritmo actual, harían falta más de cien años (104) para dar respuesta al volumen de solicitudes vigente.
Durante el segundo semestre de 2025 quedó en evidencia la dimensión del fenómeno, con 298.701 nuevos trámites presentados. En Buenos Aires, además, se acumulan otros 220.000 pedidos distribuidos en los consulados de Córdoba, Bahía Blanca, Rosario y Mendoza.
Cómo se organiza la tramitación y por qué persisten las demoras
El Consulado General de España en Buenos Aires aclaró que las solicitudes se tramitan de manera individual —y no por grupo familiar— y siguiendo un orden estrictamente cronológico. Es decir, cada expediente se revisa según la fecha en que fue presentado, por lo que quienes iniciaron el proceso antes serán atendidos primero.
Por otra parte, tanto la asignación de turnos como el avance de cada caso están sujetos a la recepción de un correo electrónico que habilita el identificador único del expediente (IDU). Las demoras en la emisión de este código han generado múltiples reclamos en redes sociales.
Las autoridades del consulado admiten que la capacidad tecnológica disponible resulta insuficiente frente a la demanda actual. En su boletín y en el sitio oficial señalan que “Los sistemas informáticos del Consulado no permiten procesar con la velocidad necesaria el elevado número de trámites digitales, lo que prolonga los tiempos de gestión”, lo que termina extendiendo los plazos.
Ante esta situación, se están implementando mejoras en la velocidad y capacidad de conexión, además de sumar nueva infraestructura para optimizar el funcionamiento.
Qué es la Ley de Memoria Democrática
Esta ley extendió el acceso a la nacionalidad por descendencia, ya que habilita a solicitarla a personas nacidas fuera de España que sean hijas o nietas de exiliados que abandonaron el país por motivos políticos, ideológicos, religiosos o vinculados a su orientación e identidad sexual. A partir de su implementación, demostrar el exilio dejó de ser una condición excluyente, lo que simplificó la tramitación de muchos casos.
La disposición adicional octava también amplía el acceso a la nacionalidad a los hijos mayores de quienes ya fueron beneficiados por la opción prevista en la Ley de Memoria Histórica de 2007 o en la normativa actual, así como a quienes hayan estado bajo la tutela legal de un ciudadano español.
En el caso de quienes optan por la vía de residencia, deben acreditar un período mínimo de permanencia legal en España —de un año para cónyuges de españoles y de dos para descendientes o ciudadanos de países iberoamericanos—, además de no contar con antecedentes penales en su país de origen y demostrar un adecuado grado de integración.
Cabe señalar que la colectividad española en Argentina es la más grande fuera de la península, con 482.176 ciudadanos españoles registrados al 1 de enero de 2024 y una proyección cercana a los tres millones de personas con lazos familiares en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística de España.
Tanto el consulado como el Consejo de Residentes Españoles reiteran en sus comunicados la necesidad de tener paciencia y comprensión ante un proceso que, por su volumen, demandará más tiempo del habitual. La gestión se encuentra bajo supervisión directa desde Madrid y se están sumando recursos tecnológicos y humanos para agilizarla.
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