En un giro clave del escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Jonathan Kovalivker —presidente de Suizo Argentina y uno de los empresarios involucrados— se presentó hoy en los tribunales federales de Comodoro Py, acompañado por su abogado, Martín Magram, y entregó voluntariamente su teléfono celular en el marco de la investigación por presuntos sobornos.
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Caso coimas en discapacidad: se entregó el empresario Jonathan Kovalivker
La medida se suma a los allanamientos, el bloqueo de cajas de seguridad y la detención de su hermano, sorprendido con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en Nordelta.
El empresariado era buscado desde el jueves pasado, cuando la Justicia intentó secuestrar su celular. Esa orden se debió a que se lo investigaba por su rol en el supuesto esquema de corrupción vinculado a Andis.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó el bloqueo o congelamiento de las cajas de seguridad de varias personas implicadas: los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, así como los miembros de la familia Kovalivker (Jonathan, Emmanuel y Eduardo). La medida fue remitida al Banco Central de la República Argentina para impedir la retirada de posibles pruebas.
Además, se llevaron a cabo allanamientos en las viviendas de los mencionados y en la Agencia de Discapacidad, donde se secuestraron teléfonos celulares y computadoras de los funcionarios involucrados y del personal administrativo que podría tener información relevante.
El viernes pasado, Emmanuel Kovalivker fue interceptado por la policía mientras intentaba abandonar Nordelta en su vehículo. Según la Justicia, llevaba 266000 dólares en efectivo y 7 millones de pesos, que le fueron incautados. En contraste, Jonathan logró evadir la acción policial ese mismo día; se estima que, antes de partir, vació la caja fuerte de su habitación.
Investigación en pleno desarrollo
El caso cobró impulso tras la difusión de audios atribuidos al ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, en los cuales describía un presunto pago de coimas a funcionarios e intermediarios vinculados con la distribución de productos del Estado. Desde entonces, la causa avanza con solicitudes de indagatorias, congelamientos bancarios y peritajes sobre dispositivos electrónicos.
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