Según la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “recibió sumas de dinero en sus domicilios” proveniente del pago de coimas por parte de empresarios durante su gobierno. Esto se dio en la quinta jornada del juicio oral por el Causa Cuadernos.
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Causa Cuadernos: la fiscalía acusa que Cristina Kirchner era "la destinataria final" de las coimas
El fiscal federal Carlos Stornelli, acusa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “recibió sumas de dinero en sus domicilios” proveniente del pago de coimas.
“La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”, continúa el requerimiento de elevación a juicio.
El departamento de la calle Uruguay, en Recoleta, era un centro de “acopio” de los pagos ilegales por parte de los empresarios, agrega.
Durante esta audiencia concluyó la lectura de las 678 páginas de la acusación en la causa central Cuadernos, que resumió en su final los cargos puntuales a cada imputado, entre ellos la ex presidenta. La audiencia se inició poco antes de las 9.30 y entró en cuarto intermedio por 15 minutos poco antes del mediodía, cuando se continuó con la lectura del requerimiento fiscal en otra de las causas vinculadas que se juzga.
El debate
El juicio oral por el caso de los Cuadernos de las coimas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 imputados se reanudó hoy en su quinta jornada virtual y avanza con el repaso de los principales argumentos que sustentan la acusación fiscal.
El Tribunal Oral Federal 7 continua así con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal que investigó el caso, Carlos Stornelli.
En ese sentido, al pedir el envío a juicio oral de los procesados, la fiscalía consideró comprobado que se montó una asociación ilícita para cometer diversos “planes delictuales” durante el kirchnerismo.
Y dio por acreditado que la ex presidenta y los por entonces funcionarios Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Enrique Llorens y José María Olazagasti, entre otros, “recibieron y/o participaron” en los pagos ilegales por parte de empresarios. El objetivo era que los funcionarios públicos “ejercieran sus influencias” para otorgar beneficios a las compañías que representaban los privados.
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