Este lunes, el sistema judicial inició un proceso contra Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, por el cargo de administración fraudulenta en detrimento del Estado Nacional. Se ha acumulado evidencia suficiente que indica que Belliboni, el líder piquetero, redirigió una porción de los 360 millones de pesos que recibieron la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado hacia una serie de empresas.
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Eduardo Belliboni líder del Polo Obrero fue procesado por fraude con planes
Es por un millonario fraude con los planes sociales. El juez federal Sebastián Casanello argumenta que hay pruebas suficientes para probar el desvió de fondos.
Estos fondos aparentemente se emplearon para justificar gastos ficticios mediante facturas falsas, ocultando de esta manera el verdadero uso del dinero. Asimismo, el juez federal Sebastián Casanello ha impuesto un embargo de 390 millones de pesos.
Las pruebas contra Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero
El juez, en colaboración con el fiscal Gerardo Pollicita, recopiló una serie de evidencias que apuntarían a que Belliboni y otros líderes del Polo Obrero desviaron una porción de los recursos que gestionaron del programa Potenciar Trabajo para apoyar al Partido Obrero, que participa en las elecciones bajo el Frente de Izquierda. Además, el procesamiento incluye a otros 16 miembros del Polo Obrero, quienes están acusados de coaccionar a los receptores de planes sociales.
El magistrado afirma que, para alcanzar este propósito, el Polo Obrero recurrió a diversas empresas fraudulentas para justificar el uso de los fondos que debía recibir del Ministerio de Desarrollo Social bajo el programa Potenciar Trabajo. Entre estas empresas se encuentran la imprenta Rumbos, Coxtex, Ricoprint y Carlos Osvaldo Monfrini, quien provee radios de comunicación.
“Se asentó falsamente la compra de productos para justificar los desembolsos realizados, sino también los cheques que fueron posteriormente entregados a empresas distintas de las formalmente consignadas en las rendiciones de gastos, para concretar el desvío postulado”, afirmó el magistrado. La Justicia probó que alrededor de $40 millones fueron a este grupo de firmas.
En ciertos casos, estas empresas emitían facturas falsas para que el Polo Obrero pudiera presentarlas al antiguo Ministerio de Desarrollo Social como prueba del uso de los fondos del programa Potenciar Trabajo. En otros casos, tras recibir el dinero de la organización de Belliboni, las empresas transferían cheques a la imprenta Rumbos, cuyo domicilio fiscal está en la sede del Partido Obrero. La Justicia ya ha demostrado que esta imprenta realizó contribuciones electorales al Partido Obrero por 18 millones de pesos y también contrató a una firma de publicidad para colaborar en la campaña del partido.
A causa de las facturas falsas, tanto Belliboni como Mariano Alejandro Centanni (tesorero del Polo Obrero) y Elizabeth del Carmen Palma han sido procesados. Aunque Palma no estuvo involucrada en la firma de los acuerdos, ella aprobó las facturas y recibos relacionados con las empresas Rumbos y Miniso Trade.
En el grupo de personas acusadas de administración engañosa figuran Jeremías Cantero (segundo al mando del Polo Obrero); María Isabel Dotti; Elizabeth del Carmen Palma; Dina Patricia Iramain; Brisa Noelia Paucara Choque; Elizabeth Galindo Mamani; y Roberto Adrián Albornoz, propietario de la imprenta Rumbos.
La Justicia también proceso a dirigentes del Polo Obrero por extorsión
Asimismo, el sistema judicial ha reunido evidencia que sugiere que los fondos que los líderes del Polo Obrero obtenían de los beneficiarios del Potenciar Trabajo no solo se utilizaban para mantener el funcionamiento del comedor asociado, sino que también se destinaba una parte al Partido Obrero. Estas sumas, conocidas como "cápitas", variaban entre aproximadamente 2000 y 5000 pesos mensuales en algunos casos.
En el dossier, los investigadores reunieron evidencias para confirmar que las cápitas también se transferían mediante la imprenta Rumbos.
Simultáneamente, el fiscal Gerardo Pollicita está desarrollando una nueva línea de investigación que podría implicar a antiguos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. La Justicia busca determinar si los integrantes de la Secretaría de Economía Social, bajo la dirección de Emilio Pérsico durante el gobierno de Alberto Fernández, tuvieron algún rol en el esquema de desvío de fondos al no haber supervisado las facturas falsas presentadas por el Polo Obrero.
Los investigadores están revisando todas las jerarquías de esa dependencia: desde Emilio Pérsico hasta el eslabón más bajo, y tratan de discernir si la falta de supervisión fue un “desliz” o una negligencia intencional. En caso de ser así, se busca determinar si hubo una directiva desde los niveles superiores para evitar el control y permitir el desvío de los fondos.
Una fuente judicial indicó que el Ministerio de Desarrollo Social no podía ignorar que la empresa Coxtex, a la que el Polo Obrero afirmó haber adquirido computadoras y software, había sido clasificada como falsa por la AFIP en noviembre de 2020. Además, a los investigadores les sorprende que ninguno de los mecanismos de supervisión haya examinado facturas de compañías sin antecedentes comerciales, como Miniso Trade, a la que también la organización de Belliboni alegó haber comprado computadoras.
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