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SUSCRIBITEEl proyecto de Reforma Laboral debe ingresar nuevamente a la Cámara Alta para su revisión y aprobación definitiva. Será una semana clave para el Gobierno.
El proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo atraviesa una etapa decisiva en el Congreso de la Nación Argentina. Tras obtener media sanción en el Senado y ser aprobado en general por la Cámara de Diputados —con modificaciones sustanciales—, la iniciativa debe regresar ahora a la Cámara Alta para su revisión definitiva.
El texto definitivo apunta a reducir la carga tributaria sobre las empresas, establecer nuevos límites a los aportes sindicales y habilitar mecanismos alternativos al esquema tradicional de indemnización. A continuación, las diez claves para entender el nuevo marco regulatorio propuesto para el sector privado.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la modificación en el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. La base se limitará a la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones.
Además, se establece que la indemnización será la única reparación por el despido y se fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.
La iniciativa habilita la creación de un “banco de horas” mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador, lo que permitirá compensar horas extras respetando los descansos legales.
En materia de vacaciones, se mantiene el período tradicional entre octubre y abril, aunque se autoriza pactar fechas fuera de ese rango. También se permite fraccionar el descanso anual en períodos de al menos siete días consecutivos.
El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir los costos de desvinculación. Se financiará con aportes mensuales obligatorios de los empleadores: 1% sobre las remuneraciones para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas.
El Poder Ejecutivo, con aval legislativo, podrá elevar esos porcentajes hasta el 1,5% y el 3%, respectivamente.
Se habilita a los convenios colectivos de trabajo a implementar fondos de cese laboral como alternativa al sistema tradicional de indemnización. Bajo este esquema de capitalización individual, el empleador realiza aportes mensuales y, ante una desvinculación, el trabajador cobra el monto acumulado.
La modalidad deberá acordarse en paritarias y no podrá implicar una reducción de derechos adquiridos.
La reforma amplía el período de prueba a seis meses para la mayoría de los trabajadores. En empresas con hasta cinco empleados, podrá extenderse a ocho meses.
Durante ese lapso, la relación laboral podrá extinguirse sin derecho a indemnización, aunque el empleador deberá registrar al trabajador y realizar los aportes correspondientes desde el inicio del vínculo.
Se eliminan las multas previstas en la Ley 24.013 por falta o deficiente registración laboral. En su lugar, se crea un régimen de incentivos para la regularización: los empleadores que blanqueen personal no deberán pagar sanciones, pero sí las diferencias salariales y previsionales adeudadas.
El texto incorpora el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a fomentar la incorporación de tecnología y la expansión empresarial.
Asimismo, se prevé una reducción de contribuciones patronales a la Seguridad Social: un punto porcentual para grandes empresas y 2,5 puntos para MiPyMEs, con posibilidad de ampliación mediante aval legislativo.
La norma autoriza el pago escalonado de sentencias laborales. Las grandes empresas podrán cancelar sus deudas en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que las MiPyMEs y empleadores individuales podrán hacerlo en hasta 12 cuotas.
El objetivo es disminuir el impacto financiero de los litigios.
La reforma fija topes a los aportes previstos en convenios colectivos. Los aportes patronales a cámaras empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y serán voluntarios desde enero de 2028.
En cuanto a los aportes a asociaciones sindicales, no podrán superar el 2% para afiliados o no afiliados. Se mantiene el 6% destinado a obras sociales y se elimina la posibilidad de que el empleador actúe como agente de retención sin consentimiento expreso.
El proyecto establece que el registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar la relación laboral, eliminando requisitos adicionales.
Los libros laborales podrán digitalizarse y deberán conservarse por diez años. Además, se ratifica que el pago de salarios deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria o institución oficial de ahorro, descartando el uso de billeteras virtuales.
Con estas modificaciones, el oficialismo busca modernizar el régimen laboral argentino y reducir costos para el sector privado. Sin embargo, el debate continúa abierto y la decisión final quedará en manos del Senado, que deberá definir si acepta los cambios introducidos por Diputados o insiste en su versión original.
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