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SUSCRIBITEExige a las empresas aportar 1% para grandes y 2,5% para pymes, con la ventaja de reducir igual porcentaje en sus contribuciones a la ANSES.
Reforma laboral: qué es y cómo funcionaría el FAL.
El Senado dio luz verde a la media sanción de la reforma laboral promovida por Javier Milei, con 42 votos a favor y 30 en contra, sin registros de abstenciones, luego de una maratónica sesión de 13 horas que concluyó ya entrada la madrugada. Con este resultado, el oficialismo logró su primer logro legislativo significativo del año.
El debate se centró especialmente en uno de los puntos más polémicos del proyecto: la disminución del costo de los despidos para las empresas a través de la implementación de fondos destinados a cubrir total o parcialmente las indemnizaciones.
La iniciativa establece la creación de dos mecanismos principales: los denominados fondos de cese laboral, tomados como referencia del modelo vigente en el sector de la construcción, y el llamado Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Cabe señalar que este último sufrió ajustes en su estructura de financiamiento antes de ser discutido y finalmente recibir la aprobación del Senado.
El primer instrumento previsto es el denominado fondo de cese laboral. Según este sistema, la empresa realiza un depósito mensual en una cuenta personal registrada a nombre del empleado. Los recursos acumulados no solo sirven para cubrir indemnizaciones ante un despido, sino que también pueden ser utilizados en situaciones de renuncia voluntaria, e incluso funcionar como un aporte adicional para la jubilación al concluir la trayectoria laboral.
En los últimos doce meses, la administración nacional impulsó la reglamentación necesaria para que estos fondos —que operan efectivamente como un seguro— puedan ser gestionados por compañías aseguradoras y administrados mediante vehículos financieros especializados.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó la utilización de fondos comunes de inversión para canalizar estos recursos, asegurando que el dinero no pueda ser embargado, mientras que la Superintendencia de Seguros también dictó las normativas correspondientes para su correcto funcionamiento.
No obstante, la factibilidad política como operativa del mecanismo depende en gran medida del texto mismo del proyecto. El artículo que reemplaza al vigente 245 de la Ley de Contrato de Trabajo señala que, mediante acuerdos colectivos, los actores involucrados “podrán sustituir” el esquema indemnizatorio tradicional por un fondo o plan de cese laboral, cuyo financiamiento corresponderá al empleador.
La lectura predominante indica que ambos sistemas no podrían aplicarse de manera simultánea según la elección del trabajador: el nuevo modelo solo entraría en vigencia si sindicatos y cámaras empresariales pactan su sustitución del régimen vigente.
El segundo mecanismo previsto es el Fondo de Apoyo al Empleo (FAL), concebido como un recurso que permite a las compañías gestionar cesantías sin que el gasto recaiga de manera inmediata y completa al momento de la separación laboral.
En su versión inicial, la iniciativa señalaba que el FAL se nutriría con un aporte equivalente al tres por ciento de las contribuciones patronales dirigidas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Sin embargo, en un ajuste introducido ayer para garantizar un mayor consenso en el Parlamento, la estructura del fondo fue modificada.
De acuerdo con la versión revisada que actualmente se debate en el Senado, el Fondo de Apoyo Laboral (FAL) se nutrirá mediante un aporte mensual a cargo de la empresa, que será del 1% para las grandes corporaciones y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Estos fondos se acumularán en una cuenta individual del empleador y podrán destinarse a inversiones en instrumentos financieros autorizados. La finalidad es que el fondo sirva para cubrir total o parcialmente las compensaciones por despido, evitando que el costo recaiga de inmediato sobre la empresa.
El funcionamiento del mecanismo estará bajo la supervisión de distintos organismos estatales, y contempla sanciones para aquellos empleadores que hagan un uso indebido de los recursos o los transfieran a entidades relacionadas, garantizando así transparencia y correcto destino de los aportes.
Desde la perspectiva tributaria y de seguridad social, el aspecto más controversial del proyecto radica en que la propuesta implica reasignar recursos que actualmente se destinan al sistema de jubilaciones. Quienes se oponen sostienen que, de este modo, el Estado podría asumir de manera indirecta parte del costo de los despidos en el sector privado, al dejar de recibir aportes que alimentan el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Por el contrario, los legisladores oficialistas defienden la medida como un mecanismo que aporta previsibilidad, disminuye los conflictos judiciales y estimula la formalización del empleo.
Tras haber conseguido la media sanción, la iniciativa ahora deberá enfrentar el análisis y debate en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo volverá a poner a prueba su capacidad de consenso y coordinación política.
En ese ámbito, no solo se examinarán los detalles específicos de los fondos por cese y del FAL, sino también la magnitud y alcance de una reforma que afecta uno de los pilares del sistema laboral argentino.
Frente a la promesa de mayor estabilidad y previsibilidad para las empresas y a las alertas sobre su posible impacto en las cuentas del sistema previsional, el proyecto inaugura una nueva fase en la discusión sobre los costos asociados a los despidos y sobre el modelo de relaciones laborales que el Gobierno busca implementar.
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