Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEl juez federal tomó esta medida tras progresar en la investigación sobre los líderes, acusados de solicitar dinero a los beneficiarios de programas sociales.
El juez Casanello ha convocado a declaración indagatoria a Belliboni y a otros activistas del Polo Obrero.
El juez federal Sebastián Casanello decretó la citación a declarar del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto con otros líderes del grupo, en relación al escándalo de corrupción que desencadenó una serie de operativos de allanamiento el pasado 11 de mayo.
Según informaron fuentes judiciales a colegas de Infobae, se les imputa el cargo de extorsión a beneficiarios de programas sociales.
El juez destacó la manera en que las personas en situación de vulnerabilidad accedían a esos subsidios mediante la intermediación de las organizaciones, y cómo se evidenció “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
“Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, aseguró Casanello y a eso le sumó la ”exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.
De acuerdo a informaciones proporcionadas por fuentes judiciales a colegas de Infobae, el juez decidió convocar a declaración indagatoria a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches para el 11 de junio; a Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper para el 12 de junio; a Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli para el 13 de junio; a Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez para el 18 de junio; y a Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma para el 19 de junio.
El ciclo concluye con la convocatoria de Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz para el día 25 de junio.
La causa tuvo origen el 20 de diciembre, durante la preparación de la primera manifestación de piqueteros contra Javier Milei, momento en que el Gobierno habilitó la línea telefónica 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos realizaran denuncias de manera anónima. Una denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py, tras recibir informes de todo el país.
El fiscal Pollicita, a cargo de la investigación delegada, se centró en las 45 denuncias registradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su área de competencia, y procedió a intentar rastrearlas, logrando localizar a siete personas, cinco de las cuales accedieron a declarar.
Para el fiscal Gerardo Pollicita, “al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social.
Después de las primeras acciones de búsqueda, el juez dispuso una serie de medidas que abarcaban la congelación de activos de los implicados. La investigación se mantuvo bajo secreto de sumario para realizar más investigaciones. Además, unas diez personas solicitaron protección. El lunes pasado, dos semanas después de los primeros allanamientos que revelaron la causa al público, el juez decidió convocar a los implicados para ser interrogados.
“Todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local –”Potenciar Trabajo”- (Resolución 121/20 del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión. El rol de esas unidades era garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica. El directo del ingreso económico debía ser completado por el beneficio indirecto que ofrecía la unidad de gestión”, resaltó.
En base a lo detallado, “por esta tarea, la organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados. Los elementos probatorios reunidos por la fiscalía y el juzgado llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado”.
“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, aseguró.
Casanello resaltó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos por medio de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
“Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, dijo.
El fallo confirmó que esa acción ”se vio complementada con la exigencia” de acudir a marchas, aportar dinero y militar a algún candidato, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal. “Esas exigencias eran transmitidas a los beneficiarios del plan por otros beneficiarios de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente de marcada vulnerabilidad”. Esta circunstancia ha llevado al juez a posponer, por el momento, la citación a indagatoria de los implicados.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
