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Otra causa contra los piqueteros en la Justicia: hay más de 1.000 denuncias

Los denunciantes refieren a diferentes marchas de piqueteros a las que eran obligados a participar. El juez Ariel Lijo ordenó informes y declaraciones.

Por  Redacción de TodoJujuy.com

La investigación judicial que está siendo llevada a cabo por el juez federal Sebastián Casanello y que mantiene en suspenso a los principales grupos piqueteros ha comenzado a tomar acción esta semana con una serie de registros domiciliarios, aunque esta no es la única indagatoria en curso en los tribunales de Comodoro Py. Su homólogo Ariel Lijo está a cargo de otro caso de gran envergadura relacionado con los mismos ilícitos.

Dentro de ese archivo judicial, de acuerdo con información proporcionada por autoridades del ámbito judicial, se registraron un total que supera las 1000 acusaciones, las cuales fueron presentadas mediante el centro de atención telefónica de la línea 134.

El Polo Obrero es una de las organizaciones más complicadas.

El proceso legal que está siendo gestionado en la corte de Lijo, quien figura entre los dos candidatos propuestos por el Gobierno para ocupar un puesto en la Corte Suprema, abarca acusaciones relacionadas con un mínimo de nueve manifestaciones organizadas por colectivos sociales desde que asumió Javier Milei. Uno de los eventos de protesta tuvo lugar el 22 de diciembre del año anterior, cuando diversas agrupaciones se movilizaron en contra del decreto de necesidad y urgencia que flexibilizaba las regulaciones económicas.

En esa jornada, participaron en la manifestación la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT de la CTA Autónoma, la agrupación Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), junto con otros grupos y asociaciones.

El expediente es voluminoso por el caudal de denuncias.

En el expediente también se encuentran denuncias relacionadas con la protesta del 24 de enero, en el contexto del primer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La movilización de ese día fue multitudinaria, aunque la adhesión al paro fue heterogénea en varios sectores. Además de los sindicatos, participaron en la marcha los colectivos sociales que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, agrupaciones de izquierda como el MST, el FIT Unidad y el Plenario Sindical Combativo.

De acuerdo con informantes del ámbito judicial consultados por esta fuente, las acusaciones también señalan presuntos crímenes ocurridos durante las manifestaciones del 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y la protesta del 24 de marzo. “Entre otros cosas se investigan amenazas a los beneficiarios de los planes por no ir a las marchas”, puntualizó uno de los investigadores.

Bullrich dijo que se judicializaron 10 mil denuncias.

El archivo judicial es extenso debido a la gran cantidad de acusaciones presentadas. “Tenemos más de mil formularios de denuncias ingresadas a través del 134, estamos analizando cada caso y determinando quiénes eran los que hacían las amenazas”, apuntó la misma fuente. Aunque el proceso está en sus primeras etapas, el juez Lijo ya ha solicitado informes financieros y ha convocado a múltiples declaraciones testimoniales.

Este lunes se hicieron públicas las acusaciones judiciales dirigidas hacia los conglomerados piqueteros, cuando colegas de Infobae dieron a conocer los registros ordenados por el juez Casanello en respuesta a la denuncia presentada por el fiscal Gerardo Pollicita. En total, se llevaron a cabo 28 operativos en las sedes de entidades sociales y comedores pertenecientes al Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las cuales son objeto de investigación.

Durante los registros, se incautaron teléfonos móviles, ordenadores y una considerable suma de dinero en efectivo. Asimismo, se halló un bloc de notas que podría ser de vital importancia, ya que contiene anotaciones manuscritas con listados que registran la asistencia a protestas y la distribución de alimentos en comedores sociales.

Hay más de 1000 denuncias ingresadas a través del call center de la línea 134.

Casanello también dispuso la congelación total de los activos de todos los acusados en el proceso: Jeremías Cantero, el segundo de Belliboni en el PO, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.

Este expediente fue iniciado en diciembre del año pasado, con denuncias provenientes de diversas regiones del país. Sin embargo, el fiscal Pollicita se enfocó en las 45 denuncias presentadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y logró localizar a varios de los denunciantes, lo cual suele complicar este tipo de investigaciones. Las restantes denuncias fueron remitidas a los juzgados federales del interior del país.

El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por la CGT.

Ambas causas, tanto la de Lijo como la de Casanello, surgieron a raíz de las denuncias recibidas en el centro de atención telefónica de la línea 134.

La titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, dio a conocer ayer en una entrevista radial con Mitre, que se han registrado aproximadamente 150 mil denuncias, atribuyendo esto a que "la población ha superado el temor". De este gran número de denuncias, alrededor de 10 mil han sido llevadas a proceso judicial. “La gente está perdiendo el miedo porque se da cuenta que está siendo doblemente victimizada. No damos nunca los datos de las personas que denuncian ni los de las personas involucradas hasta tanto no los dio la Justicia”, remarcó Bullrich.

Durante la misma entrevista, la ministra destacó la colaboración con el Ministerio de Recursos Humanos, liderado por Sandra Pettovello, el cual se encargó de verificar la veracidad de los nombres y datos proporcionados por los denunciantes. Las acusaciones judiciales fueron finalmente gestionadas por Bullrich, quien posteriormente solicitó ser parte querellante. Sin embargo, anoche Casanello optó por rechazar esta petición.

Las denuncias además apuntan a supuestos delitos provocados con motivo de las marchas del 8 de marzo, por el Día de la Mujer.

“Lo central a tener en cuenta para ser admitido en ese carácter en un proceso penal es la calidad de persona ‘particularmente ofendida’; la cual es propia de quien de modo singular, individual, especial y directo se presenta por el daño o peligro que el delito acarree”, fue uno de los argumentos formales.

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