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Inhibieron los bienes de los piqueteros acusados de extorsión

La Justicia federal inhibió los bienes de los piqueteros acusados por extorsión y peritan sus celulares. Las defensas piden la nulidad de la causa.

Además, solicitó que se audite el funcionamiento de las cooperativas involucradas y espera la pericias de toda la documentación y los celulares.

Por otro lado, las defensas de los acusados ya pudieron tener acceso a la causa, piden su nulidad y apuntan contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por hablar de los procedimientos pese a que estos no habían terminado hasta el momento.

La inhibición de bienes alcanzó a Jeremías Cantero, el segundo de Belliboni en el PO, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.

La causa que investiga a los piqueteros

Líderes de organizaciones piqueteras se encuentran bajo investigación judicial luego de ser acusados de actividades corruptas y coercitivas. La causa, que se remonta al 20 de diciembre, es sobre presuntas prácticas ilegales en el seno de movimientos sociales.

La investigación se desencadenó cuando ciudadanos anónimos utilizaron el número habilitado por el Ministerio de Seguridad para denunciar una serie de actividades sospechosas.

Según los informes judiciales, descubrieron evidencias de que algunos grupos dentro de estas organizaciones habrían aprovechado su posición para extorsionar a personas en situación de vulnerabilidad.

Se les acusa de exigir pagos monetarios a cambio de beneficios sociales, obligar a la venta de alimentos proporcionados gratuitamente por el Estado, e incluso coaccionar a beneficiarios para participar en actividades políticas, todo bajo amenazas de represalias si no cumplían con estas demandas.

El fiscal a cargo de la investigación presentó cargos por extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Además, se está evaluando la posible implicación en delitos financieros, incluido el lavado de dinero.

Entre los implicados se encuentran nombres destacados dentro de las organizaciones piqueteras, lo que generó conmoción en los círculos sociales y políticos. Se espera que la investigación continúe avanzando antes de tomar decisiones definitivas sobre los involucrados.

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