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Denuncia de los comedores: los chats de extorsión de los piqueteros

“Estos no van a recibir comida, tienen 0 movilizaciones”, se puede leer en uno de los chats que hoy son analizados por el fiscal Pollicita y el juez Casanello.

Por  Redacción de TodoJujuy.com

“Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada”. Este mensaje estaba dirigido a Patricia Iramain, también conocida como Patry, quien previamente había comunicado en uno de los chats grupales la lista de personas seleccionadas, mencionando: “Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”.

Los enunciados, obtenidos por colegas de Infobae, constituyen elementos de evidencia que están siendo examinados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, dentro del contexto de la pesquisa que se ha dado a conocer recientemente al llevarse a cabo una serie de allanamientos domiciliarios en diversas organizaciones de manifestantes.

Parte de los chats analizados.

La acusación examina si se coaccionó a individuos en situación de vulnerabilidad con la distribución de productos provistos por el Gobierno a cambio de participar en manifestaciones, bajo la intimidación de perder su beneficio social.

Registraron 13.310 posibles casos de extorsión en los chats

En el inicio del mandato de Javier Milei en diciembre de 2023, el Gobierno instó a la población a reportar posibles casos de extorsión por parte de grupos de manifestantes a los beneficiarios de programas sociales a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional. Se registraron 13,310 llamadas, de las cuales se logró responder a 2,720. De estas, se mantuvieron 924 denuncias válidas distribuidas a lo largo del país: 45 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 159 sin ubicación específica y 720 en otras regiones.

De las 45 denuncias registradas en la Ciudad de Buenos Aires, el fiscal Pollicita, encargado de la pesquisa, emitió citaciones para todas ellas. Sin embargo, solo siete comparecieron ante los tribunales. Manifestaron con temor durante sus declaraciones.

La División de Delitos de la Policía Federal Argentina llevó a cabo las labores de indagación, tanto en plataformas digitales como en fuentes de información públicas, así como en las residencias relacionadas, que posibilitaron la identificación de los líderes denunciados, verificar o descartar su posición como tales, establecer sus conexiones entre sí y ubicar tanto su lugar de actividad como su residencia personal.

El fiscal Gerardo Pollicita.

El material probatorio juntado por la Fiscalía

Paralelamente, la Fiscalía adquirió una gran cantidad de informes y documentos administrativos procedentes de empresas de telecomunicaciones, del Ministerio de Recursos Humanos de la Nación, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Todo este material, para la fiscalía, fue construyendo un panorama probatorio que continuó con la realización de escuchas telefónicas a los sospechosos, el análisis de registros de llamadas y la activación de antenas.

Con base en esa información, la fiscalía determinó que “al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social".

En esa línea, apuntaron que "se trata de personas en situación de alta vulnerabilidad social, y dicha exigencia se hacía bajo diversos conceptos como “cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”. O para cobrarles por la entrega de alimento, pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional, u obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional, quedándose los acusados con la ganancia, y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen, e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales”.

El documento señala que todo esto aconteció “bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería.”

Así es una marcha del Polo Obrero.

Los piqueteros y un sistema de supervisión y penalizaciones

Además, se constató que, para mantener la continuidad y asegurar el desarrollo de esta actividad, se estableció un sistema de supervisión y de penalizaciones sobre las personas afectadas, que incluyó el registro de asistencia a las manifestaciones al inicio y al final, la elaboración de listas de individuos con "castigos" que debían redimir su falta mediante la realización de nuevas tareas, la imposición de multas por no asistir a una marcha, con montos de hasta $10,000 por cada ausencia, la exigencia de presentar justificaciones documentadas para las ausencias a las manifestaciones, como certificados médicos o evidencia de trámites, y la prohibición temporal de recibir raciones de comida o alimentos no perecederos como consecuencia de incumplimientos específicos, entre otras medidas.

Pollicita declaró ante Casanello que se evidenció una “conformación de estructuras jerárquicas piramidales al interior de cada comedor, en cuyo estrato inferior se encuentran los integrantes de las ‘listas de espera’, personas de alta vulnerabilidad social que debían cumplir determinada cantidad de ‘movilizaciones’ o un tiempo estipulado de asistencia a ellas para acceder al Plan Potenciar Trabajo”.

Después de eso están los “beneficiarios comunes”, quienes reciben la ayuda social y, como contrapartida, se les demanda su contribución financiera y su participación en las marchas. En un nivel más alto se encuentran individuos registrados para recibir el doble de la asistencia social, a cambio de requerirles, además del aporte económico y la asistencia a las manifestaciones, realizar más tareas específicas según el caso, denominados como “cuadrilla”, “esenciales” o “nexo”.

Por encima de ellos están los "delegados", quienes a veces reciben el doble, triple o cuádruple de remuneración, transmiten las demandas coercitivas al resto, recaudan las "cuotas" y supervisan los sistemas de control y sanciones. En el nivel más alto se sitúan los "líderes", quienes supervisan la labor de los referentes, llevan a cabo la intimidación a las víctimas por sí mismos o a través de terceros, y controlan la recaudación y la asistencia a las marchas.

Chats de la causa que investiga si se extorsionaba a beneficiarios de planes sociales.

Jeremías Cantero y Elizabeth del Carmen Palma

De acuerdo con la fiscalía, además, en el caso de la "Asociación Civil Polo Obrero", se constató en esta fase que había individuos situados en una posición superior a los líderes de cada comedor, entre los cuales se identificó a Jeremías Cantero, encargado de coordinar el funcionamiento de varios comedores. Se le acusa de ser el responsable de la extorsión a las víctimas. Elizabeth del Carmen Palma se encargaba de ingresar los datos en el sistema informático que determinaban si las víctimas recibirían o dejarían de recibir el beneficio social.

“Tanto Cantero como Palma también intervendrían en las decisiones sobre el destino del producto del delito”, se sostuvo. El 27 de marzo de 2024, Palma y Cantero le manifiesta a Cantero su preocupación respecto de la posibilidad de que se los investigue “por lavado” en relación a las “cooperativas que están recibiendo las cápitas” . Cantero le propuso “pensar un plan de adónde va eso”. Para la fiscalía se debe investigar el destino de ese dinero.

En el marco de las pruebas presentadas, el fiscal analizó que Patricia Iramain divulgó el listado de individuos que no obtendrán provisiones debido a su ausencia en las movilizaciones, o que serán relegados a la categoría más baja ("lista de espera") por la misma causa. Mientras tanto, otros son promovidos a la categoría de "ingresa al comedor" por haber cumplido con el período de asistencia establecido en las movilizaciones.

Otra parte de los chats que analiza el fiscal Pollicita y el juez Casanello.

En los siguientes registros visuales, se observa cómo una de las personas afectadas solicita que se le considere excusada de la ausencia a una protesta y adjunta la documentación correspondiente del centro médico y del laboratorio que le impidió asistir; en otro caso, se nota que un individuo pregunta si la ausencia justificada será contabilizada como asistencia, y en el último ejemplo, uno de los acusados, Gustavo Vásquez, al ser informado de una falta a una manifestación, solicita la presentación del documento de justificación.

En otra situación, alguien expresa su disgusto porque su hermana no recibió la ayuda alimentaria y, además, cancelaron su beneficio, a pesar de su incapacidad para participar en la marcha debido a una cirugía. Ante la consulta específica de un afectado, se le comunica que está "sancionada" por no abonar la "alquiler del comedor" y, como resultado, no podrá retirar alimentos durante todo el mes.

También se nota que el sistema de "castigos" por no cumplir con las demandas de los acusados no se limitaba únicamente a la divulgación de "listas de castigados", sino que también se les brindaba la oportunidad de "reparar" dicho "castigo" mediante la realización de tareas, como se evidencia en estas imágenes.

En otro caso, Elizabeth Mamani informa que estará recolectando las "cápitas" y que es crucial que todos paguen, en línea con lo expuesto por los demandantes. En un mensaje posterior, ante la escasa respuesta a una "convocatoria", Vásquez indica que será considerada como una asistencia a una movilización.

La denuncia fue material de análisis a lo largo de todo el lunes 13 de mayo en los medios.

En una conversación adicional, Vásquez admite que “son muy pocos los que movilizan por conciencia” y, por eso, hace que la “marcha” a la que antes “invitaba”, pase a ser “obligatoria” y cuente “como movilización”. “De ahora en más yo dejo de ser permisivo”, indicó. Además comunicaron que se procedería con una “recategorización” (de “beneficiario común” a “lista de espera”). En esta otra captura se ve que se había compartido una “invitación” a una “movilización” y, ante la duda, una de las víctimas pregunta si esa “movilización” es “obligatoria” o “solo para los interesados”.

En otro intercambio, una de las víctimas expresa su malestar por la exorbitante suma requerida para obtener acceso a "las 10 cajas" con los suministros del Estado Nacional, incluso menciona que durante las "manifestaciones" les interrogan sobre si les cobran algo. En otras conversaciones, el acusado Lucca Philippe Quispe Rashuman invita a recoger los suministros solamente a los "compañeros que participan activamente", e incluso les cobra un cargo adicional a cada uno por "transporte", mientras que la acusada Gloria Jaramillo aclara que “la repartición es como siempre solo los que tienen movilización”.

Para la fiscalía, estas pruebas no hacen más que confirmar lo declarado por cada uno de los denunciantes que se explayaron sobre estas exigencias coactivas —que no sólo se transmitían por Whatsapp, sino también en persona— y sobre las las estructuras jerárquicas piramidales de cada organización”.

"Es importante destacar la gravedad institucional que revisten los hechos investigados", señaló el fiscal.

“Es importante destacar la gravedad institucional que revisten los hechos investigados, por cuanto se habría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fueron desviados del destino presupuestario que les correspondía y, en vez de aplicarse a la ayuda de las personas de alta vulnerabilidad social, fueron utilizados como vehículo coactivo por parte de los aquí acusados quienes, a la hora de transmitir a las víctimas sus exigencias coactivas y extorsivas, paradójicamente invocaban como consigna precisamente la ‘lucha’ en defensa de los más necesitados; pero en los hechos obtuvieron un lucro indebido a costa de dichas necesidades”, advirtió Pollicita al impulsar los allanamientos.

Pollicita agregó otras citas de los testimonios recolectados. “En las reuniones Gianni y Tango les gritaban y amenazaban de una manera violenta a los integrantes del comedor que si no iban a las marchas les quitaban el Plan Potenciar Trabajo” (...) y; “Los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo teníamos que pagar 2500 pesos mensuales a los delegados, y a medida que ibas subiendo de nivel tenías que pagar más plata, dependiendo de la plata que recibías. Cuando no vas a las marchas y no pagas los 2500 pesos te bajan de categoría, por ejemplo, de “Cuadrilla” a “Beneficiario Común (...)”, señaló.

“Esas amenazas las dicen verbalmente, a mí personalmente me amenazaron varias veces, gritándome” (...); “La gente que trabaja en el comedor sale a vender por el barrio los alimentos que da el gobierno” (...) “Las máximas referentes del comedor son Gloria y Rossmery. Mucha gente del comedor les tiene miedo a Gloria y Rossmery” (...); “Iba a manifestaciones y repartía volantes de los candidatos cuando había elecciones, por ejemplo, en las elecciones presidenciales repartí volantes de Massa por el barrio", señalaron.

"Podemos retirar mercadería que le da el gobierno del comedor más o menos una vez por mes, pero cada vez que vamos tenemos que pagar 1500 pesos", señaló una víctima.

"Además, a veces cocinaba pan casero, chipa, bizcochuelo, que después vendían en el barrio y esa plata se la quedaba Gloria Paraguay, que es la coordinara del comedor. Todo esto lo hacía porque sino Gloria me decía que me cortaban el plan”, agregó.

“Podemos retirar mercadería que le da el gobierno del comedor más o menos una vez por mes, pero cada vez que vamos tenemos que pagar 1500 pesos y nos dan una bolsa de mano con algunos productos, tales como aceite, harina, leche o arroz” (...); “Cuando no vamos a las movilizaciones tenemos que justificar la inasistencia, por ejemplo, si vamos al médico tenemos que mandar comprobante al grupo de Whatsapp que tenemos algún turno” (...) y;”Yo como en el comedor nada más el día que cocino, el resto de los días no me dan comida".

En ese sentido, continuó: "Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo” (...) a todos los integrantes del comedor nos cobran un 2% del dinero que obtenemos del Plan Potenciar Trabajo y cada 15 días tenemos que pagar 1000 pesos para que nos den las dos raciones de comida que recibo los días que cocino” (...)".

Luego, agregó otro testimonio: “Cuando nos ausentábamos a 3 marchas nos daban de baja el plan, yo conozco a una señora que le dieron de baja el plan porque se ausentaba a las marchas, ella se fue del barrio el año pasado, supuestamente era una de las fundadoras del comedor, nunca más se supo de ella."

"En caso de no pagar el aporte nos sancionaban sacándonos de la organización", dijo una persona que brindó su testimonio a la Justicia.

“Después de un tiempo que estuve asistiendo a marchas, y cumplí esa cantidad de asistencias, ellos me inscribieron en el Plan Potenciar y ahí tuve acceso a la tarjeta del Banco Nación, a mi nombre, a eso le llamaban “ascenso”; (...)”Hay que pagar en el comedor los primeros dos días de cada mes los 2300 pesos por el alquiler del local, pasados esos dos días sin pagar nos aplican una sanción que consta de no poder retirar comida en todo el mes””, refirió otro testimonio.

El último acotó: “En caso de no pagar el aporte nos sancionaban sacándonos de la organización. Si yo no iba a las marchas nos ponían faltas, por cada marcha que no iba me cobraban $10.000 y a veces nos sacaban mercadería, dependiendo de la delegada (...)”

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