En la habitual conferencia de prensa que brinda el vocero presidencial, Manuel Adorni, se confirmó que este jueves los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, anunciarán un paquete de leyes que incluirá, entre otros puntos, una normativa para instrumentar penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos.
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El Gobierno analiza penas de prisión para los organizadores de piquetes
El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que los detalles serán brindados por Patricia Bullrich y Luis Petri en las próximas horas.
Anuncios de Seguridad: mayores penas a quienes organicen piquetes
Manuel Adorni, en el marco de su habitual conferencia de prensa, enumeró las leyes que se modificarán o que se enviarán al Congreso para su aprobación: “Legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”.
“En Defensa, lo que van a anunciar es la ley de Seguridad Interior”, completó el vocero presidencial.
Qué dice el Código Penal y cuáles serían los cambios
De manera puntual, y con relación a las manifestaciones, marchas y piquetes, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal el cual amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.
Asimismo, se buscará crear la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
Esta condena aumenta hasta a 6 años si se lleva adelante mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta.
En caso de que el proyecto avance en el Congreso, y si va en sintonía con el presentado en la Ley Ómnibus, la pena podría endurecerse a un mínimo de cuatro y un máximo de seis años si el hecho se cometiere a mano armada o por una reunión de más de tres personas, o si el autor fuere funcionario público o pusiere manos en la autoridad.
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