El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de su agenda legislativa al impulsar reformas en la Ley de Salud Mental y en el sistema de pensiones por invalidez, dos iniciativas que ya fueron enviadas al Congreso y que prometen abrir un fuerte debate político y social en las próximas semanas.
El Gobierno avanza con reformas en salud mental y pensiones por invalidez: qué cambios propone
El Ejecutivo envió al Congreso dos proyectos clave que buscan modificar la ley de salud mental y endurecer controles en pensiones por invalidez. Apuntan a mejorar el sistema y reducir irregularidades.
Por un lado, el proyecto vinculado a las pensiones por invalidez propone modificar la normativa vigente ,entre ellas la ley 13.478, con el objetivo de reforzar los controles y garantizar que los beneficios lleguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales. Desde el Ejecutivo sostienen que existen irregularidades que generan un “dispendio injustificable” de recursos públicos y perjudican tanto al Estado como a los beneficiarios legítimos.
En paralelo, el Gobierno impulsa cambios en la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), con la intención de actualizar el marco normativo y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Entre los puntos en análisis, se busca optimizar los tratamientos, fortalecer la prevención y establecer criterios más claros para la intervención en situaciones críticas.
Además, la iniciativa apunta a otorgar mayor protagonismo a los profesionales de la salud mental y redefinir algunos aspectos vinculados a las internaciones, que continuarían siendo un recurso excepcional pero con reglas más precisas para su aplicación y control.
Las reformas forman parte de una estrategia del oficialismo para retomar la centralidad en la agenda parlamentaria y avanzar con cambios estructurales en distintas áreas. En este caso, el foco está puesto tanto en mejorar la eficiencia del sistema de prestaciones como en modernizar una legislación clave en materia de salud.
Se espera que ambos proyectos comiencen a debatirse en comisiones en los próximos días, en un contexto donde ya se anticipan posiciones encontradas entre el oficialismo y sectores de la oposición, especialmente por el impacto que podrían tener estas modificaciones en derechos sensibles como la salud mental y la asistencia a personas con discapacidad.
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