El Gobierno busca reformar el Código Penal

La resolución menciona los esfuerzos previos de modificar el Código Penal, que se llevaron a cabo mediante la creación de comisiones en 2004, 2012 y 2017, sin lograr alcanzar el propósito deseado.

La comisión debe tomar en cuenta, “por un lado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otro, los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada”.

“Que de igual manera, resulta imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción, y de lavado de dinero y ciberdelito”, agrega.

“Que, en definitiva, los antecedentes históricos y las circunstancias de actualidad referidas, han llevado en los últimos años a la conformación de un criterio generalizado y prácticamente unánime, en orden a la necesidad de una reformulación integral y totalizadora de la legislación penal”, indica la resolución en sus considerandos.

Tendrán en cuenta proyectos ya presentados

Se destaca la existencia de "proyectos valiosos presentados en años recientes que merecen ser tenidos en cuenta para la reforma del código, especialmente los dos últimos en los que participaron los doctores Roberto Carles y Mariano Borinsky.

Además de Cúneo Libarona, la comisión incluirá a los abogados Jorge Eduardo Buompadre, Horacio Jaime Romero Villanueva, Julio César Báez y Ricardo Ángel Basílico, quienes poseen una vasta experiencia tanto en el campo profesional como académico.

Desde que asumió, el Gobierno ha estado promoviendo cambios en varios sectores del sistema judicial. De hecho, en la versión inicial de la Ley Ómnibus se incluía una modificación al Código Penal, que fue eliminada durante las conversaciones con la llamada oposición dialoguista.

También el lunes, el gobierno anunció en el Boletín Oficial que el Ministerio de Justicia será responsable de llevar a cabo la implementación del sistema acusatorio, el cual ya está en vigencia en Jujuy y Salta, y se extenderá al resto del país con el objetivo de mejorar los esfuerzos contra la corrupción y el combate al narcotráfico.

Hace casi una década, en 2014, se aprobó la ley 27.063 que estableció el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Esta ley implicó un cambio hacia un sistema acusatorio, el cual otorga más poder a los fiscales para agilizar las investigaciones. En este sistema, desaparece el expediente en papel y los planteos de las partes se resuelven en audiencia por el juez. El proceso se basa en la contradicción y la igualdad entre las partes, con la producción de pruebas en presencia de los jueces. Las audiencias son públicas y se aceleran las etapas del proceso.

A finales de 2015, tras la llegada del gobierno de Mauricio Macri, se decidió que el nuevo código se implementaría de manera gradual, bajo la supervisión de una comisión bicameral. En 2019, se inició su aplicación en Jujuy y Salta. Estaba planeado que se extendiera a Mendoza y Rosario, para luego alcanzar Comodoro Py 2002. Sin embargo, actualmente solo está en vigor en Jujuy y Salta, donde la mayoría de las condenas son por narcotráfico y contrabando. No se ha avanzado en otras áreas del país, más allá de las promesas.