El Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido para que en un plazo de dos semanas adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos vinculada al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.
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El Gobierno intimó a Reino Unido a frenar la actividad petrolera en Malvinas
La Casa Rosada dio un plazo de dos semanas y anticipó que, sin una respuesta, avanzará con acciones ante un tribunal internacional.
La medida se inscribe en la estrategia que el Ejecutivo viene desplegando contra el avance del proyecto petrolero. A comienzos de septiembre, el Gobierno ya había anunciado nuevas herramientas legales y administrativas frente a Sea Lion, al considerar que su desarrollo se realiza sin autorización argentina.
Además, Javier Milei instruyó a Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Qué hará Argentina si no hay respuesta
Según informó el Gobierno, si Londres no responde favorablemente dentro del plazo establecido, Argentina solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La Casa Rosada sostiene que la explotación unilateral de los recursos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas afecta los derechos que Argentina reivindica sobre su plataforma continental. Milei había adelantado ante la Asamblea General de la ONU que el país tomaría “cartas en el asunto” y reiteró el pedido para reanudar las negociaciones por la soberanía.
La posición británica es distinta. El Gobierno del Reino Unido sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, y respalda las actividades económicas realizadas bajo la legislación aplicada en el archipiélago.
Sanciones por vuelos hacia Malvinas
El Ejecutivo argentino también informó que detectó operaciones de la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas, mediante una aeronave de matrícula británica que, según el Gobierno, operó sin autorización argentina.
Por ese motivo, Milei ordenó avanzar con procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas vinculadas con esas operaciones.
La decisión se produce días después de que el Presidente utilizara su discurso ante Naciones Unidas para volver a definir a Malvinas como una “causa nacional” y reclamar negociaciones con el Reino Unido.
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