El Ejecutivo se comprometió ahora a presentar este año al Congreso una reforma tributaria integral que tenga como objetivo reducir los impuestos a partir de 2025. La administración gubernamental estableció como requisito alcanzar el equilibrio fiscal este año, y el ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó su propósito de lograr un déficit cero.
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El Gobierno promete una reforma tributaria para bajar impuestos en 2025
Dentro de la ley de Ingresos Personales, el Gobierno anunció su intención de presentar un proyecto en el transcurso de este año con el fin de bajar impuestos.
Esto tiene lugar después de la suba de impuestos como los aranceles a las exportaciones, el tributo PAIS sobre las importaciones y la modificación en el impuesto a las Ganancias para los sueldos más elevados, como parte de la estrategia económica inicial del gobierno encabezado por Javier Milei.
“Se deja plasmado en estos fundamentos y se comunica al Honorable Congreso de la Nación que durante el transcurso del año 2024 el Poder Ejecutivo Nacional presentará una reforma integral del sistema tributario con el fin de simplificarlo, lograr un aumento de la base de contribuyentes registrados e ir reduciendo la presión fiscal a partir del 1° de enero de 2025 en adelante. Ello, en la medida en que se cumpla con los objetivos planteados, específicamente en cuanto a obtener superávit fiscal durante el transcurso del presente año”, indica uno de los últimos artículos del proyecto de ingresos personales.
La afirmación gubernamental se presenta dentro del marco de un notable cambio en la política tributaria desde el inicio de la nueva administración, con el propósito de implementar una fuerte corrección fiscal, la cual deberá superar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) si se pretende alcanzar el equilibrio en las finanzas públicas para finales de 2024. Esta medida ha generado críticas no solo por parte de la oposición, sino también entre los propios economistas de tendencia liberal.
Javier Milei apuntó en su campaña a reducir impuestos
Durante la campaña, la propuesta de Milei consistió en buscar una disminución global de la carga impositiva, llegando incluso a afirmar que preferiría "cortarse un brazo" antes que aumentar algún impuesto. La magnitud del déficit fiscal a cubrir durante el primer año de gobierno fue tan significativa que el Gobierno se vio obligado a combinar reducciones en el gasto público con aumentos en los ingresos para poder eliminarlo.
En términos generales, la estrategia delineada por el ministro Luis Caputo indica que aproximadamente el 40% del ajuste fiscal total propuesto se basa en incrementos en los impuestos. Entre ellos se encuentran algunos que han generado críticas tanto en la oposición como entre empresarios del sector privado. Uno de ellos, que pudo ser implementado sin necesidad de pasar por el Congreso, fue el aumento en las tasas del impuesto PAIS aplicado a todas las importaciones, lo que resultó en un encarecimiento de las compras de bienes y servicios en el extranjero (casi siempre gravados con una tasa del 17,5%).
En el debate legislativo se contempla un aumento generalizado de los aranceles a las exportaciones, que fue motivo de disputa hasta el último momento con los grupos opositores debido a su posible impacto en las economías regionales. Asimismo, se presentan propuestas relacionadas con una moratoria fiscal, un plan de regularización de activos no declarados y la opción de efectuar pagos anticipados del impuesto a los Bienes Personales hasta el año 2027.
El restante 60% del recorte fiscal proyectado para el año 2024 se basa en una reducción de gastos en ciertos ámbitos, como las asignaciones discrecionales a las provincias y la inversión en obras públicas, identificados como los rubros más susceptibles de ser recortados rápidamente. Además, se contemplan reducciones en subsidios, pensiones, programas de asistencia social y otros gastos operativos del Estado.
El panorama podría verse alterado si el partido gobernante en el Congreso no consigue la cantidad de votos requeridos para implementar las modificaciones impositivas en los impuestos a las exportaciones y a los ingresos. El titular del Ministerio de Economía ha señalado que está evaluando qué asignaciones podría suspender de forma inmediata a los gobernadores como medida compensatoria ante un eventual fracaso en la aplicación de los aumentos tributarios planificados.
Desde una perspectiva más amplia, aproximadamente el 80% del ajuste propuesto por La Libertad Avanza estará bajo la responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. En este marco se incluye el impuesto PAIS. Otros aspectos a considerar son las transferencias a las provincias (equivalentes al 0,5% del PBI a ajustar), los subsidios económicos (0,7%), la inversión en obras públicas (0,7%), los programas sociales como Potenciar Trabajo (0,4%) y los gastos operativos, incluidos los salarios del sector público (0,5%).
Por supuesto, las interacciones políticas pueden resultar en la modificación del plan original y en una redistribución diferente del ajuste. Este fue el mensaje de alerta que Caputo trató de transmitir a los gobernadores. Según lo informado recientemente por colegas de Infobae, las transferencias a las provincias son uno de los componentes del gasto público en los que el Gobierno podría implementar recortes más significativos si fuera necesario.
La propuesta inicial de ajuste tenía como objetivo reducir las transferencias a las provincias a alrededor del 0,5% del PBI, una disminución desde el 0,8% del PBI anterior. Sin embargo, algunas evaluaciones privadas, como la realizada por Iaraf, presentan cifras más altas. “Finalizado el 2023, el monto de recursos en discusión es de 1% del PBI. Es decir el 20% del total del ajuste de 5% del PBI. La discusión política pone a estos recursos dentro de la negociación. En este contexto, Nación debe evaluar el costo-beneficio de resignar recorte de transferencias no automáticas (TNA) en pos de cambios legales relevantes”, planteó Nadin Argañaraz.
En el comunicado adjunto al proyecto de impuestos personales, el Gobierno también argumentó la decisión de revertir el impuesto a las Ganancias para gravar los ingresos más elevados. “No cabe duda de que el impuesto a las ganancias es el tributo de mayor progresividad del entramado fiscal argentino”, consideró el Poder Ejecutivo y dijo que “la tributación sobre este tipo de rentas es un elemento clave de la recaudación fiscal”.
“El actual diseño de la norma propuesta tiene por finalidad evitar situaciones en las cuales exista un desincentivo a incrementar el resultado de la actividad económica por temor a sufrir una carga impositiva adicional que anule dicho mayor ingreso. En efecto, bajo las normas propuestas, no habrá casos en los que un contribuyente que aumente su ingreso vea dicho incremento anulado totalmente por el impuesto, sin perjuicio de que el principio de progresividad pueda exigir una tributación porcentualmente mayor exclusivamente sobre el incremento de la renta”, menciona el mensaje con los considerandos de la ley.
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