El Senado aprobó una reforma de la Ley de Salud Mental: cuáles son los principales cambios

La senadora de San Luis presentó estadísticas correspondientes a los casi 16 años de vigencia de la legislación y calificó sus resultados como “insuficientes para asegurar la efectividad de derechos y dotar de herramientas nuevas”, además de señalar que hubo “avances dispares en distintas jurisdicciones”. Cuestionó que varios artículos quedaron “desactualizados” y alertó sobre el incremento del 70% en las internaciones en hospitales públicos tras la pandemia. Para cerrar, afirmó: “Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave”.

Distintas posturas en el Senado

El exkirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca) expresó una postura diferente: respaldó algunos aspectos de la legislación vigente sobre salud mental, pero también cuestionó sus falencias.

El senador, que es médico, centró buena parte de su intervención en un punto previsible: la “falta de recursos”. En ese sentido, advirtió: “No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”. El ahora justicialista también sostuvo que “no le dieron la oportunidad a una muy buena ley de poder ser efectiva”.

El médico misionero Carlos Arce leyó de principio a fin su discurso, una práctica que suele generar objeciones y está prohibida en el recinto, a menos que se solicite autorización expresa a quien preside la sesión.

Su compañera de bloque, Elizabeth Rojas Decut, había procedido de la misma manera durante el debate previo sobre el mercado de carbono. Ambos acostumbran adoptar posturas similares y esta vez no fue la excepción: también cuestionaron los recursos presupuestarios previstos, si bien los libertarios accedieron a sumar el concepto de “financiamiento federal”.

Tras los cuestionamientos de Andrada y Arce, la encargada de ilustrar con ejemplos concretos la compleja realidad que atraviesan muchas familias del interior del país fue una contadora: la radical Silvana Schneider, ex vicegobernadora de Chaco. “Hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo”, alertó.

Una postura similar planteó la oficialista fueguina Belén Monte de Oca, quien manifestó: “Se confundió libertad con abandono”.

El exgobernador de Santiago del Estero y referente del Frente Cívico, cercano al kirchnerismo, Gerardo Zamora, cuestionó la iniciativa y remarcó: “Vamos a promover leyes sin discutir cómo se financia la salud mental”. También lamentó que no se hubiera considerado “a la vista” una propuesta presentada con anterioridad y resumió su crítica con una frase: “Error de enfoque”. Desde el cristinismo, coincidió con esa postura la médica y exgobernadora de Catamarca Lucía Corpacci.

Patricia Bullrich defendió la reforma y explicó los nuevos criterios

La intervención final quedó en manos de la referente libertaria Patricia Bullrich, quien se refirió a la “contradicción” surgida entre “dos profesiones que atienden a la salud mental” y cuestionó que se señalara a los psiquiatras “como violadores de los derechos humanos sin ningún sentido”, una acusación que consideró injusta.

“Son dos miradas o formas de encarar el problema -en la comparación con psicólogos-, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, señaló. Además, advirtió que “hoy no se puede actuar ante situaciones” que derivan en “muertes” o “violencia familiar”.

“Se dejó un tema sin resolver”, sostuvo la dirigente porteña, quien remarcó la importancia de “intervenir a tiempo” para “cuidar a las personas”. También volvió a mencionar una cifra difundida semanas atrás por la prensa: frente a unos 100.000 psicólogos, hay cerca de 4.000 psiquiatras en el país.

En relación con las internaciones, la nueva norma sustituye el requisito de que intervenga un psiquiatra por la participación de un médico —con prioridad para esa especialidad— o un profesional capacitado en salud mental, junto con una segunda firma, que se busca que corresponda a un psicólogo. Este último también podrá participar en la evaluación del paciente y en la decisión de otorgarle el alta.

En un principio, para este segundo profesional también se había incluido el término “preferentemente”, pero durante las negociaciones se acordó eliminarlo para evitar posibles interpretaciones ambiguas, dado que no existe otra profesión que pueda reemplazar esa función.

La disputa en torno a este punto se sumó a otros desacuerdos entre el Gobierno nacional y las provincias que integran el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Las diferencias también alcanzaron al financiamiento, por lo que el oficialismo precisó aún más la redacción de la norma para evitar interpretaciones dudosas. Además, se habilitará la atención mediante teleconsultas en las zonas donde haya menos profesionales especializados en salud mental.

Adicciones, participación familiar y atención de niños y adolescentes

Además, la normativa amplía la definición de adicciones para contemplar casos como la ludopatía, establece límites para la representación de los pacientes por parte de sus familiares e incorpora criterios diferenciados para la atención de adultos y de niños y adolescentes. A su vez, mantiene la prohibición de los manicomios. También contempla un programa de externación con metas y controles posteriores, junto con pautas precisas de carácter “anticipado” orientadas a la prevención en materia de salud mental.

Respecto de la participación de familiares, la normativa restringe esa posibilidad a padres e hijos, aunque conserva la intervención de representantes legales, cónyuges y personas convivientes. Además, establece expresamente que si no se presentan responsables, el Estado deberá asegurar los apoyos necesarios y el acceso a recursos comunitarios.

En lo referido a la atención de niños y adolescentes, se prevén equipos especializados y mecanismos distintos de los destinados a adultos, con reconocimiento de la autonomía progresiva, el derecho a expresar su opinión y la protección de la confidencialidad. Si fuera necesario internarlos en unidades para adultos, esa alternativa solo podrá aplicarse cuando se acredite que no existe otra opción y durante el menor tiempo posible.

Por último, junto con la prohibición de los métodos “manicomiales”, se vuelve a incorporar una serie de alternativas de atención ambulatoria y en el hogar, además de residencias compartidas, hospitales de día y espacios de formación para la inserción laboral.

Asimismo, se reconoce la posibilidad de aceptar o rechazar tratamientos por adelantado y de nombrar a personas que puedan manifestar el consentimiento en caso de que el paciente esté imposibilitado de hacerlo. Esta disposición contempla una excepción cuando exista un riesgo grave para la vida.