Este viernes diferentes entidades y agrupaciones de medios manifestaron su rechazo y preocupación por el dictamen del proyecto de reforma judicial aprobado por el Senado. Es que esta mañana, el oficialismo incluyó un cambio que apunta a controlar la actuación de los medios de comunicación.
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Entidades periodísticas rechazan la cláusula de la reforma judicial que controla los medios
La modificación, propuesta por el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, consiste en agregar la palabra “mediático” al artículo 72 inciso E, que terminaría disponiendo:
“Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
El rechazo de ADEPA
La cláusula fue rechazada fuertemente por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que en un comunicado llamó a los senadores a “reflexionar” sobre la gravedad institucional de aprobar “una medida destinada al silenciamiento de la libertad de expresión”.
El comunicado de ADEPA fue difundido en su sitio web y redes sociales. Advierte que este artículo es “incompatible con los compromisos asumidos por la Argentina en el plano internacional de defender la libertad de expresión y de prensa”. Y anticipa que transmitirán su preocupación a los diputados “sin distinción de banderías” políticas.
La “enmienda Parrilli”, indica ADEPA, busca fomentar la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional, como son la administración de Justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.
La censura previa está prohibida en los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina. La responsabilidad de la prensa por su actuación siempre será ulterior y sometida a las reglas del debido proceso.
“La repudiable incorporación de la insólita figura de «presiones mediáticas» en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodísticas sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial, casos que muchas veces el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia. Más aún, la incorporación sorpresiva de esta cláusula parece responder a un objetivo de represalia ante el trabajo de la prensa en casos de corrupción en los últimos años”, indica el comunicado.
“Por eso, la incorporación de esta figura ambigua y superflua, que sólo se verificaría con una denuncia ex ante, subjetiva, sin pruebas, genérica, innecesaria e intimidatoria, altera gravemente la garantía de la libertad de expresión en nuestro país”, concluye ADEPA.
El alerta de la Sociedad Interamericana de Presa (SIP)
Este viernes, las autoridades de la SIP también expresaron su preocupación por la cláusula Parrilli. Emitieron un comunicado donde indican que están "sorprendidos de que, en Argentina, con una profunda tradición constitucional y con fallos judiciales que han creado tendencia a favor de la libertad de prensa a nivel mundial, se busque por ley imputar poderes fácticos a los medios y coartar la libertad de prensa, ignorando lo que dicta su propia Constitución sobre estos conceptos".
"El Senado debe tener la sabiduría necesaria para dejar sin efecto una cláusula que está teñida de intenciones políticas y que evidencia una represalia que busca coartar la función de informar, criticar, opinar, denunciar y fiscalizar que le cabe a la prensa en una democracia", señalaron.
La justificación del oficialismo
Cuando propuso la cláusula, Parrilli había dicho en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales: "Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar y desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa. Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos".