Estafas piramidales y cursos "salvadores": ¿Por qué agilizar más la Justicia y las penas?

Cuando la cantidad de nuevos involucrados (engañados) deja de crecer o se detiene el flujo de dinero por alguna razón, el esquema se derrumba: los pagos se detienen, el fraude se revela y los inversionistas pierden su inversión por completo.

Varios de estos fraudes comerciales venden programas de formación o suscripciones exclusivas a costos altísimos, asegurando que al concluir el curso, el alumno se transformará en un inversor experto, capaz de generar enormes beneficios con esfuerzo mínimo. Estos “cursos” aseguran enseñar cómo obtener grandes cantidades de dinero rápidamente y son comúnmente promovidos por individuos que se presentan como “gurús”, pero en realidad solo comercializan falsas promesas.

La situación real es bastante diferente: estos “capacitaciones” generalmente carecen de contenido técnico relevante y su propósito principal es obtener dinero a través de altas tarifas abonadas por cada nuevo inscrito. En ciertos casos, incluso se emplean para fomentar la entrada de más personas en los mismos esquemas fraudulentos, es decir, para captar a más personas como víctimas.

La complicación se eleva aún más cuando estos fraudes emplean criptomonedas o tecnologías basadas en blockchain, lo que complica el rastreo del dinero y la localización de los culpables. Además, es cada vez más común el uso de inteligencia artificial para automatizar el proceso de atracción de víctimas y crear material engañoso más persuasivo.

El enfoque delictivo de estas operaciones es diverso, pero normalmente involucra la creación de empresas ficticias, la manipulación de testimonios inventados y la propagación de datos falsos sobre los rendimientos de las inversiones.

Estafas piramidales: la tipificación del delito

Estas acciones pueden clasificarse bajo diversos delitos. Primero, el artículo 172 del Código Penal establece el crimen de estafa, que se refiere a inducir a una persona a realizar un acto que cause daño a ella misma o a terceros, con una pena de prisión de hasta seis años. En estos casos, el engaño se basa en hacerle creer a las víctimas que están participando en una inversión legítima o que obtendrán valiosa información, cuando en realidad se trata de un fraude.

Asimismo, podría constituir el delito de asociación ilícita (artículo 210), si se comprueba que los implicados operaron de manera coordinada y con la intención de cometer delitos de forma continua, entre otros elementos. En este escenario, la pena para los miembros oscila entre 3 y 10 años de prisión, mientras que para los líderes puede llegar a ser de 5 a 10 años. También es posible que se apliquen otros delitos, como falsificación de documentos o lavado de dinero, según la complejidad de la operación delictiva.

La dificultad surge porque las tácticas de captación evolucionan rápidamente, explotando la rapidez y el alcance global de las redes sociales. El Código Penal, vigente desde 1921, se enfrenta a retos para clasificar comportamientos que combinan la comercialización fraudulentas de un "producto educativo" con promesas de beneficios poco realistas, estrategias publicitarias intrusivas y el empleo de diversas plataformas de pago, criptomonedas y tecnología blockchain.

La iniciativa de modificación del Código Penal aborda estas formas de delito recientes, reconociendo la urgencia de adaptar las leyes a los tiempos actuales. Se sugieren delitos específicos para fraudes piramidales y delitos informáticos, abarcando aquellos realizados a través de inteligencia artificial, con penas de hasta 7 años de prisión en el caso de estafas agravadas y multas que van de 2 a 5 veces el lucro obtenido.

Asimismo, la propuesta de modificación del Código Penal establece, en su artículo 23, la opción de realizar un decomiso preventivo en estos y otros casos. De este modo, no solo se prevén sanciones de prisión y multas, sino también la incautación de propiedades desde el inicio del procedimiento, garantizando una recuperación de activos más rápida.

Esto adquiere una importancia especial en delitos de esta índole, donde la veloz circulación de dinero y el uso de múltiples cuentas o criptomonedas complica el seguimiento y la restitución de los activos obtenidos de manera fraudulenta. Esto pone de manifiesto el interés por actualizar nuestro sistema legal frente a los avances tecnológicos que surgen.

Adaptar las leyes a la actualidad

El objetivo no es incrementar las sanciones o añadir más tipos penales, sino de adaptar las leyes a los tiempos actuales: la velocidad con la que emergen nuevos tipos de crímenes a menudo dificulta que la justicia pueda actuar con la celeridad requerida. Por lo tanto, una reforma completa del Código Penal debe abarcar tanto los delitos de fraude clásicos como sus versiones más avanzadas y actuales.

Ante la creciente proliferación de grupos o individuos que perjudican el patrimonio de las personas, llevándolas a perder todos sus ahorros mediante falsas promesas de inversiones o cursos para “hacerse millonario”, el Derecho Penal necesita adaptarse con urgencia y eficiencia. El proyecto de reforma del Código Penal ya ha identificado la necesidad de abordar estos fraudes en sus distintas formas, incluyendo aquellos facilitados por la inteligencia artificial, con el fin de salvaguardar a la sociedad y proporcionar a la justicia las herramientas necesarias para ser verdaderamente efectivas en un mundo cada vez más digitalizado, cambiante y complejo.

Indudablemente, la modificación del Código Penal representa una oportunidad para actualizar nuestra normativa y ofrecer una respuesta firme ante estas nuevas manifestaciones delictivas. No obstante, es igualmente crucial que todos los sectores colaboren en la prevención y la sensibilización, ya que la forma más eficaz de enfrentar estos fraudes es a través del conocimiento, la educación y la toma de conciencia.