Al respecto Canedi sostuvo que “la situación es complicada ya que siendo la Administración de Justicia una de las funciones esenciales del Estado y en particular del Estado de Derecho y esta medida afecta no sólo a los abogados sino también a todos los justiciables, es decir a sus clientes”.
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Abogados piden intervención del Gobierno
“Entiendo que la determinación adoptada por el STJ es el ejercicio regular de una de sus facultades o deberes y deben garantizar el mismo. Intimarlos, declarar ilegal la medida es una determinación razonable, toda vez que si se repara en lo que han actuado los empleados al utilizar los carriles institucionales promoviendo acciones judiciales en reclamos de sus derechos, no es razonable ni es compatible que adopten medidas de fuerza presionando a los magistrados para pronunciamientos que satisfagan sus pretensiones”.
Canedi dijo que “el artículo 170 inciso 3° de la Constitución Provincial establece que medie una adecuada proporción entre las remuneraciones que perciben los miembros del STJ con las que perciben los jueces, magistrados, funcionarios y empleados. Esto ha sido reclamado judicialmente y su resultado ha sido adverso en materia de incompetencia que es un problema de naturaleza procesal, pero el problema de fondo es plantear si existe o no proporcionalidad”.
Más adelante Canedi indicó que “conforme al régimen constitucionales de la provincia, es atribución de los otros poderes del Estado, fijar las remuneraciones de jueces, magistrados, funcionarios y empleados”.
Para finalizar reiteró que “es una situación que preocupa por eso hemos tenido reuniones con autoridades del gobierno, del Superior Tribunal y también con el presidente de la Legislatura. En todos ellos, encontramos una predisposición para resolver el conflicto”.
“El Colegio de Abogados ha resuelto convocar a una asamblea para tratar la problemática del Poder Judicial. También realizamos una presentación al Gobernador donde solicitamos que se envíe un proyecto de ley a la legislatura para que se sanciones una ley que cumpla con esta manda constitucional de fijar las remuneraciones que respeten el principio de adecuada proporción”, concluyó.