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31 de mayo de 2017 - 13:46

¿Cuál fue la evolución de la deuda de Jujuy?

Un estudio analiza los números de los últimos años, las reestructuraciones de la deuda, la política nacional de trato con las provincias y el crecimiento de la deuda del último año. El tema en boga en este momento en la provincia.

Durante la segunda mitad de los años noventa, sucesivas decisiones en las políticas nacionales brindaron la posibilidad que las provincias tuvieran un acceso más fluido a fuentes financieras internas y externas. La situación de los mercados de crédito fue propicia a este cambio. Esto llevó a un considerable aumento de las deudas provinciales, situación que llegó a un límite a fines del 2001.

En dicho período, el endeudamiento provincial estuvo reglado por una serie de normas de diferente alcance y origen institucional. La mayor parte de las provincias contaban con límites establecidos por sus propias constituciones sobre el nivel de endeudamiento permitido. Estas restricciones incluyen mecanismos de autorización al endeudamiento, limitaciones al uso de los fondos (como por ejemplo, la prohibición de su asignación al financiamiento del gasto corriente, por ejemplo, sueldos), o parámetros sobre el nivel de los servicios de la deuda (los servicios de la deuda son las cuotas de amortización e intereses que se pagan mensualmente).

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central prohibió el otorgamiento de créditos de las entidades financieras (Bancos Privados) al sector público sin autorización previa del Ministerio de Economía. Para los créditos en moneda extranjera, los gobiernos provinciales necesitaban una aprobación ad hoc de las operaciones concertadas con el sistema financiero, de acuerdo con lo que se estableciera por la Resolución Nro 1075/93 del Ministerio de Economía.

A su vez, las entidades financieras acordaron con las jurisdicciones un mecanismo de repago automático de los servicios de la deuda mediante el acceso directo a los recursos coparticipados depositados por el gobierno nacional en las cuentas provinciales.

Este mecanismo facilitó el acceso de las provincias a los mercados financieros al otorgar una garantía confiable, pero, a su vez, la falta de uso del instrumento con el objetivo de asegurar la solvencia financiera de las jurisdicciones incentivó un endeudamiento excesivo en algunos casos.

Vale decir que para la Banca Privada, se equiparaba a los gobiernos provinciales, como cualquier otro deudor de un crédito, tomando fondos directamente de las cuentas públicas, antes que los estados pudieran disponer de las mismas, similar a lo que hoy hace el Tesoro de la Nación, sobre la devolución de anticipos de coparticipación a las Provincias con desequilibrios financieros.

Todas estas políticas económicas desencadenaron una fuerte crisis económico-institucional que hizo eclosión a fines de 2001, con elevados niveles de déficit fiscal (tanto en el orden nacional como provincial), el uso generalizado de cuasi monedas, altos niveles de desempleo, reducción de salarios, vaciamiento del estado por efecto de la privatización de empresas públicas, un alto nivel de endeudamiento (Blindaje y Mega Canje) que en vez de elevar las reservas del BCRA fue para la fuga de capitales al exterior y la imposición del denominado “corralito” que desencadenó en el “cacerolazo” y el triste “que se vayan todos”.

Sin embargo, luego de cinco Presidentes de la Nación en 10 días y el fin de la Convertibilidad y nuevos pactos fiscales, hacia el año 2003 se empezaron a ver los primeros “brotes verdes” de las cuentas fiscales, tal es así el canje de la deuda provincial (en su mayoría entidades bancarias y bonos provinciales) por bonos nacionales garantizados, reglas fiscales más claras, la eliminación de las cuasi monedas, permitieron una administración única de deuda consolidada a nivel nacional.

El desendeudamiento y la reestructuración provincial

Mediante la implementación de los Programas de Asistencia Financiera y Fiscal del 2000 y con los Programas de Financiamiento Ordenado a partir del 2002, estos mecanismos pudieron ser utilizados en un conjunto de provincias como un medio efectivo de limitar el endeudamiento al nivel del sendero de reducción de los desequilibrios acordados por cada estado provincial con el Gobierno Nacional.

Por otra parte del lado de la oferta, primero las regulaciones del sistema bancario impusieron mayores requisitos de capital, y finalmente la crisis económica -financiera fue un factor determinante para ello.

A modo de ejemplo la deuda en el año 2002 de la Provincia de Jujuy, representaba el 300% del presupuesto anual provincial, vale decir tres presupuestos.

Del Cuadro I, se desprende que a partir del 2003 hubo un crecimiento moderado del stock de deuda, principalmente para atender los Intereses de deuda y de los vencimientos de la deuda proveniente del canje de deuda (cuasimonedas y bonos) y financiar la obra pública.

Reflejo de la Política Nacional de Desendeudamiento, en el 2010 se estabiliza y baja la deuda producto del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.

Asimismo la tasa de crecimiento de la Deuda se acelera a partir del año 2013, fruto del pago de vencimientos de Deuda reprogramada e incremento del Gasto Publico por efecto inflacionario, sin embargo la deuda pública en el 2015, representaba menos de la mitad de un presupuesto anual.

Cabe resaltar que el principal acreedor de la Provincia continúa siendo el Gobierno Nacional, ya que no hay endeudamiento con Entidades Financieras a fines de 2016 ni colocaciones de deuda en moneda extranjera, que si bien cuentan con autorizaciones por Leyes especiales, dicho financiamiento no se ha hecho efectivo al cierre del 2016.

Otro aspecto a medir en la administración de la Deuda Pública es la variación porcentual interanual.

Cuando vemos la evolución de la deuda en términos porcentuales en el Cuadro II, queda más claramente reflejadala política de desendeudamiento provincial implementada en el año 2010, que permitió la reducción de la necesidad de financiamiento en el período 2009-2010. Ya en los años 2013 al 2015 se ve reflejada la incidencia de los pagos de la deuda reprogramada.Sin embargo, es de destacar que en el período 2004-2015 (12 años), el promedio de crecimiento de la deuda fue del orden del 12,5%, mientras que sólo en el 2016, el crecimiento fue del 47%, es decir, casi 4 veces el promedio de los últimos 12 años.

Resulta interesante ver como de alguna manera los porcentajes de crecimiento tienen su correlato en la policía salarial de los empleados públicos y no así con la inflación medida por el INDEC, hasta el 2015, quiere decir que si bien la economía entro en un proceso de estancamiento con inflación, la misma no redujo el poder adquisitivo del asalariado, encareciendo el costo laboral medido en dólares con un fuerte control de cambios.

Claramente la política monetaria, resorte exclusivo del Gobierno Nacional, aplicada a partir de fines de 2015, con la libre flotación del dólar que después de una fuerte devaluación no pudo contener el efecto inflacionario, sumado a la transferencia del costo de las tarifas al consumo y una fuerte reducción de pagos de la obra pública nacional a las provincias, la demorada “Lluvia de dólares” generó el fuerte crecimiento del stock de deuda, que tiene un correlato con la inflación del 2016 (más del 40%), pero no con la paritaria provincial del empleado público de Jujuy, que fue de un 33.6% ni con la obra pública de la Provincia.

Un tema no menos importante son los perfiles de vencimiento de la deuda y las condiciones de pago de la misma, atendiendo que el acreedor hasta el 2016, era el estado nacional únicamente, la deuda provincial, devengaba un interés anual del 6% Nominal Anual, que por efecto inflacionario, tenía condiciones altamente favorables para la provincia, generando tasas negativas a 20 años. Pero a partir del 2016, dicha situación ha cambiado y las condiciones así como las tasas son distintas, con tasas que superan ampliamente el 24% Nominal Anual.

Lo que en algunas provincias se denominaba“la previsibilidad financiera”, en Jujuy los distintos gobiernos utilizaron durante muchos años ese argumento para negociar salarios y administrar las cuentas públicas, necesariamente y en búsqueda de recuperar esa previsibilidad financiera -que las declaraciones del máximo responsable de la cartera económica manifiesta haber perdido- en una economía periférica como la de las provincias alejadas del centro, donde el Estado es el motor principal del consumo y la inversión, es necesario recordar los procesos vividos en los años 90 de endeudamiento, Ajuste Fiscal y crisis Institucional, que en definitiva perjudican a toda la población independientemente de la herencia que reciben los distinto gobiernos.

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