Un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe revelando que durante el golpe de Estado ocurrido en Bolivia a fines de 2019 contra Evo Morales, fuerzas militares y policiales cometieron masacres contra civiles, incluyendo "ejecuciones sumarias".
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La CIDH dijo que ejecutaron civiles tras la caída de Morales
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló dos hechos ocurridos durante la presidencia de Áñez, que incluyeron "ejecuciones sumarias".
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que tuvo a cargo la investigación de dichos incidentes, presentó las conclusiones ante el presidente Luis Arce, en La Paz. Patricia Tappatá, integrante del GIEI, dijo que "al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas".
La investigación abarcó desde el final del gobierno de Evo Morales hasta el comienzo de la presidencia de facto de Jeanine Áñez. Durante la gestión de Áñez se registraron dos hechos graves: el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba, cercana a la ciudad de Cochabamba (centro), y cuatro días después en la planta de gas de Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
En Sacaba se registraron 11 muertos y en Senkata otro número igual. Tappatá dijo que el GIEI "no duda" en calificar esos hechos "como masacres". En Sacaba, una zona con fuerte influencia de cocaleros aliados de Morales, el grupo de investigación contó con el apoyo de expertos forenses argentinos y los estudios permiten "inferir" que algunas muertes fueron por "ejecuciones sumarias".
El presidente Arce, tras conocer el informe, anunció reparaciones para las víctimas.
Además, dijo que el informe relata con "claridad las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en nuestro país durante el golpe de Estado" contra Morales.
Arce anunció que su gobierno impulsará un juicio de responsabilidades o de privilegio contra Áñez y su gobierno. Tras conocer el informe de la GIEI, la expresidenta Áñez pidió desde su cuenta de Twitter el respeto a un juicio justo.
"Exigimos respeto a la Constitución (Carta Magna), garantías con un debido proceso e igualdad de condiciones", señaló. Actualmente Áñez está encarcelada de manera preventiva desde marzo pasado, mientras la Fiscalía investiga lo ocurrido durante su gobierno de noviembre de 2019 a noviembre de 2020.
El gobernador de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, pieza clave en la salida de Morales del poder, dijo que el informe "es claro", porque "los muertos y las violaciones a los derechos humanos empezaron en el gobierno de Evo Morales y concluyeron" en el de Áñez.
Declaró, por lo tanto, que "si Jeanine Áñez es enjuiciada, Evo también debe ser procesado".El expresidente centrista Carlos Mesa (2003-2005), dijo que debe realizarse una reforma del sistema judicial, como "requisitos para garantizar justicia y el debido proceso en los casos que deben juzgarse".
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