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SUSCRIBITEEl expediente por supuesto lavado de activos estaba hasta ahora en manos de la jueza María Servini y se sumará a la investigación tramitada en esa jurisdicción.
El juzgado federal de Campana sumó otra investigación que involucra a Chiqui Tapia y la AFA.
Una nueva denuncia por presunto lavado de dinero que tiene como involucrados al presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, quedó bajo investigación del Juzgado Federal de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay.
El expediente fue incorporado a la investigación que ya analizaba la adquisición de una mansión en Pilar, cuyo valor habría alcanzado los 17 millones de dólares y que estaría vinculada a supuestos testaferros de dirigentes del fútbol argentino.
La causa que el juez Alberto Lugones, integrante de la Cámara Federal de San Martín, resolvió remitir a Campana había estado hasta ahora bajo la órbita de la jueza federal porteña María Servini. El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada en marzo pasado por el empresario Guillermo Tofoni.
La presentación judicial tomó como referencia distintas publicaciones periodísticas que habían expuesto el supuesto funcionamiento de una maniobra de lavado de activos con dinero de la Asociación del Fútbol Argentino, mediante operaciones realizadas a través de casas de cambio y entidades financieras de la ciudad de Buenos Aires.
En su fallo, el juez Lugones, integrante del Tribunal de Apelaciones de San Martín, sostuvo que remitir también esta denuncia al fuero de Campana constituye “la solución que favorece una mejor, más expedita y uniforme administración de justicia".
De esta manera, el juzgado de Campana reúne ahora distintas investigaciones: la vinculada con la mansión de Pilar, otra causa iniciada en Santiago del Estero por presunto lavado de activos y asociación ilícita relacionada con el patrimonio del tesorero Toviggino, y esta nueva pesquisa, que apunta a posibles operaciones financieras realizadas mediante casas de cambio y entidades financieras.
El expediente había quedado inicialmente en manos del juzgado en lo penal económico, encabezado por el juez Diego Amarante, quien consideró que no tenía competencia para intervenir y resolvió remitirlo a Comodoro Py, debido a que el lavado de activos está considerado un delito de carácter federal.
El magistrado entendió que, en este caso, las maniobras investigadas podrían haber tenido lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín resolvió posteriormente trasladar la investigación a Campana, luego de analizar un planteo realizado previamente por el juez de esa jurisdicción, quien había solicitado hacerse cargo del expediente. A partir de esta decisión, la jueza Servini deberá remitir la causa a González Charvay.
La presentación judicial señaló la existencia de un supuesto circuito de lavado de dinero que habría involucrado el traslado de fondos provenientes del exterior, puntualmente de España y Estados Unidos, hacia intermediarios vinculados con la AFA.
Según la denuncia, posteriormente ese dinero era derivado a distintas financieras ubicadas en el microcentro porteño, mientras que el destino final del efectivo en dólares habría sido la sede central de la AFA, situada en la calle Viamonte.
El magistrado Amarante recordó que la denuncia hacía referencia a un presunto “circuito donde los fondos habrían ingresado a través de financieras situadas en el microcentro porteño, habrían sido trasladados a un estudio jurídico, y finalmente habrían tenido como destino la sede central de la AFA en la calle Viamonte o el domicilio particular de uno de sus dirigentes”. A partir de esa descripción, el juez había considerado que el núcleo de los hechos denunciados se encontraba en CABA.
En cuanto a la causa principal que tramita en el Juzgado Federal de Campana, vinculada con la mansión de Pilar, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, solicitó que la Corte Suprema de Justicia revoque la resolución que había dispuesto que el expediente regresara a esa jurisdicción.
El pedido fue formalizado mediante un recurso extraordinario presentado ante la Justicia, que por el momento permanece a la espera de una resolución en la Cámara Federal de Casación.
El expediente fue remitido a Campana a partir de un planteo presentado por la defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados en la causa como los compradores del inmueble. El argumento se basó en que la propiedad está ubicada en Pilar, territorio que corresponde a la competencia del juzgado encabezado por González Charvay.
Sin embargo, la fiscalía cuestiona ese criterio y sostiene que la adquisición del inmueble habría sido una consecuencia de supuestas maniobras delictivas cometidas con anterioridad, cuyo principal escenario habría sido la Ciudad de Buenos Aires.
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