Venezuela inició este jueves un proceso de excarcelaciones de detenidos por razones políticas, luego de que el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de “un número importante” de personas venezolanas y extranjeras.
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Venezuela anuncia liberaciones de presos políticos tras la captura de Maduro
Jorge Rodríguez informó que ya comenzaron las excarcelaciones en Venezuela, tanto de venezolanos como de extranjeros.
En su discurso, Rodríguez enmarcó la medida como un “gesto” orientado a la paz y la convivencia, aunque sin precisar cuántos detenidos serán liberados ni un cronograma detallado para el proceso.
El anuncio y las primeras excarcelaciones
En paralelo, la ONG Foro Penal —referente en el seguimiento de detenciones con motivación política— mantiene su conteo de 863 personas encarceladas o perseguidas por razones políticas y reclamó que el paso sea acompañado por una amnistía general.
Reclamos de la oposición en Venezuela
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sostuvo que liberar a “algunos” no alcanza: pidió la liberación de todos los presos políticos, el cese de la persecución y el desarme de grupos irregulares, y advirtió que no puede hablarse de transición democrática sin esas medidas.
Organizaciones como Provea, además, volvieron a poner el foco en denuncias de torturas y tratos crueles en centros de detención, y reclamaron mecanismos efectivos de rendición de cuentas y sanciones para responsables de violaciones a los derechos humanos.
Telón de fondo: la captura de Maduro y el debate internacional
El anuncio ocurre pocos días después de la operación de Estados Unidos que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, donde se declaró inocente de cargos vinculados a narcotráfico y armas, según reportes internacionales.
En ese marco, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el chavismo avanza en el cierre de un presunto “centro de torturas” en Caracas (mencionado por varios medios en relación a El Helicoide), aunque activistas reclamaron que un cierre —si se concreta— no reemplaza la investigación y sanción de abusos