El Gobierno decidió no activar el protocolo antipiquetes durante la manifestación de esta tarde contra el veto al financiamiento universitario. Desde la Casa Rosada no darán la orden a las fuerzas federales de impedir bloqueos en las calles, conscientes de que se trata de una convocatoria masiva.
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No habrá protocolo antipiquete en la marcha contra el veto al financiamiento universitario
Así lo confirmó el Gobierno. Desde el Ministerio de Seguridad se dio la orden de colocar vallas en el Congreso para evitar choques con manifestantes.
“Que marchen, no lo vamos a impedir”, afirman en el Ejecutivo. Por ese motivo, en la cartera de Seguridad planificaron colocar cercos alrededor del Congreso para evitar enfrentamientos con los participantes.
Operativo coordinado y resguardo del Congreso
El despliegue estará a cargo del comando conjunto integrado por Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Voceros oficialistas señalan que las fuerzas actuarán únicamente si los manifestantes intentan derribar las barreras.
“Se va a avanzar en la misma lógica que en las manifestaciones más concurridas. Vamos a cuidar los bienes del Estado”, señalan. El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Sergio Neiffert, pasó esta mañana por las oficinas del asesor presidencial Santiago Caputo, como suele ocurrir en la antesala de marchas de gran escala. Además, se articuló la tarea con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la Casa Rosada observan con atención la organización de la Marcha Federal Universitaria, prevista para las 17 en la Plaza del Congreso y coincidente con la sesión en Diputados, donde se debatirá el rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario junto con el de la Emergencia Pediátrica. En Balcarce 50 reconocen que las chances de sostener ambas normas en la Cámara Baja son reducidas.
El Ejecutivo también cuestiona la movilización por considerarla de carácter “partidario” y sostiene que, si el Congreso finalmente aprueba la norma, buscará postergar lo más posible la puesta en marcha del gasto correspondiente.
Adhesiones sindicales y apoyo de la oposición
A la convocatoria se sumará la CGT, que respalda tanto el incremento en los fondos destinados a las universidades como la declaración de la emergencia pediátrica. También confirmaron su participación distintos espacios políticos: sectores del Partido Justicialista, la UCR, la Coalición Cívica, Volvamos Buenos Aires y el FIT, entre otros.
Desde la Casa Rosada intentaron suavizar el conflicto anunciando que en el Presupuesto 2026 se destinarán $4,8 billones adicionales al sistema universitario. Sin embargo, ese gesto no alcanzó para reducir la tensión. Además, el equipo económico propuso una suba del 5% en jubilaciones y del 17% en el área de Salud.
En el decreto de veto firmado por el Presidente, el Gobierno argumenta que la Ley de Financiamiento Universitario representa una erogación de $1,06 billones sobre el presupuesto 2025, el cual corresponde a la prórroga del asignado en 2023 con la actualización inflacionaria.
Además, el oficialismo fundamenta su decisión en el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que toda norma que implique gastos adicionales debe indicar de dónde provendrán los fondos.
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